La profunda crisis económica y social en la que vive España, ha provocado la multiplicación de manifestaciones y protestas de buena parte de la sociedad civil, que demanda un modo diferente de hacer política. El aumento de la conciencia crítica ciudadana no ha servido, por el momento, para que el Gobierno del Partido Popular varíe sus políticas, pero si para responder a este malestar con medidas que se traducen, por ejemplo, en el destino que el Ministerio del Interior dará a su presupuesto en los próximos años.
Así, se pasó de los 173.670 euros de 2012, a 3,26 millones de euros en 2013 en la partida destinada a la compra de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa”. Para 2016, la inversión prevista rebasaría los 10 millones de euros. Una cantidad que servirá para reponer y modernizar el material que utilizan las unidades antidisturbios. Un material que incluye chalecos antibalas, gases lacrimógenos, porras, escudos, y pelotas de goma. A su vez, la Generalitat de Catalunya anunció el pasado 12 de junio que los Mossos d’Esquadra dispondrían, ya para el mes de julio, de un camión policial equipado con varios cañones de agua y con un alcance de hasta 60 metros de distancia para dispersar a los manifestantes. Una imagen que, hasta ahora, en las calles españolas sólo era un recuerdo ligado a la Dictadura franquista y difuminado desde la Transición.
La Generalitat recuperará ahora los cañones de agua como un recurso aceptable ante la opinión pública, por mucho, que los medios de comunicación muestren cada día escenas de enfrentamientos entre policía y manifestantes, como se han dado en las últimas semanas en Brasil, Turquía o Egipto. Protestas dispersadas con el uso masivo de botes de humo, gases irritantes y lacrimógenos, y agua proyectada desde los cañones, a los que en ocasiones, se les añade colorante, que tiñe la ropa, o líquidos oleosos, que funcionan como auténticas bombas fétidas, y que sirven para marcar a los manifestantes.
Como indica José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona e investigador del Centre d’Estudis per a la Pau, los cuerpos de seguridad para poder “disolver a las multitudes con eficacia pero sin provocar grandes escándalos políticos deben poder disponer de un amplio abanico de medios que les permita una respuesta represiva gradual y flexible”. Es en esta respuesta donde se encuentra la generalización en el uso de las catalogadas como armas “no letales”. Una disuasión eficaz, sin un excesivo coste político y con unos materiales que empiezan a desarrollarse en los años 1960. De la mano de las fuerzas armadas de las grandes potencias, tienen como campo de pruebas países del Tercer Mundo. O, como es el caso de Palestina, se han convertido de forma directa en “un campo de experimentación para las empresas de seguridad y defensa israelíes”, donde se han probado, y utilizan, entre otro tipo de armas, la mayoría de ellas letales, balas y bombas fétidas. Un proyecto, el de las llamadas “bombas mofeta”, que comenzó a ser desarrollado en el año 2004 y que, como su nombre indica, reproduce de forma sintética el desagradable olor que segrega este animal. Una tecnología adoptada por la policía británica el pasado año y anunciada por Scotland Yard como un método eficaz para combatir los disturbios callejeros en las Islas.
Pero no sólo se encuentran dentro de esta categoría de armas las ya conocidas pelotas de goma, las pistolas y porras eléctricas o los cañones de agua, sino que se incorpora armamento desarrollado por programas militares para su uso directo en conflictos bélicos y en los que se han experimentado con armas diseñadas para incapacitar o repeler con una baja probabilidad de causar la muerte o daños permanentes a los oponentes. Entre este armamento destacan los fusiles láser y otras armas ópticas, capaces de provocar ceguera transitoria y/o definitiva, cañones de sonido, que aturden con la emisión de altas frecuencias al generar vértigo, espasmos, confusión mental y náuseas, o cañones de microondas que provocan quemaduras y dolor. A estos materiales, algunos de ellos, como los cañones de sonido, probados ya en protestas en Estados Unidos, se les unen otros, que parecen salidos directamente de la ciencia-ficción y no de laboratorios de los contratistas de defensa, como fusiles electromagnéticos -provocan ataques similares a los epilépticos-, pistolas de energía termal, que elevan la temperatura corporal, lanzadores de espuma, que inmovilizan a las personas pegándolas al suelo, o armas psicotrónicas, que pueden provocar trastornos mentales transitorios.
Estas armas, usadas en conflictos “de baja intensidad”, sirven también para disolver manifestaciones o reducir a detenidos por la policía, lo que deja entrever, como señala el Centre d’Estudis per la Pau, “la militarización de la policía” en cuanto a sus procedimientos de actuación y al tipo de materiales usados. Algunas de estas armas, las más pequeñas y manejables, como las pistolas Taser o las porras eléctricas, pueden ser incluso adquiridas fácilmente a través del comercio online, aunque en España esté prohibido su uso a particulares. A esta carrera por conseguir las armas “no letales” más novedosas y menos “dañinas”, se incorporan incluso los ayuntamientos que, como en el caso de algunos consistorios catalanes, se han interesado por adquirir camiones dotados con cañones de sonido.
En este sentido, el profesor Gordillo aboga por “cuestionar la distinción entre armas letales y no letales”. Como señala un informe de Amnistía Internacional, más de 500 personas han muerto en los Estados Unidos entre los años 2001 hasta 2012, tras recibir descargas de armas Taser durante su detención o mientras se encontraban en prisión. Además, las armas “no letales” suelen ser instrumentos habituales para infligir torturas y malos tratos, tanto en la calle, como en las comisarías, como han denunciado varios informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales.
Otro aspecto preocupante es la banalización de su uso: “su supuesto carácter no letal es una invitación a normalizar su uso incluso contra manifestantes decididamente no violentos, dado que sus efectos son supuestamente poco dañinos”. A este respecto, cabe señalar que, como se puede comprobar en las presentaciones a la prensa que se han hecho en los Estados Unidos de este tipo de armas, los “manifestantes” son caracterizados con pancartas que muestran lemas pacíficos y antibelicistas. Este perfil de manifestantes es el grupo contra el que se desarrolla la demostración y se prueban estos nuevos equipamientos militares. Para Gordillo, “se está normalizando la respuesta violenta a las demandas ciudadanas. Esto es un aviso de lo que viene. Se genera miedo en la sociedad y el miedo se propaga y, en muchos casos, es permanente” y recuerda que “hay textos legales contra el uso de este tipo de armas. Desde la “Convención contra la tortura” hasta los “Convenios internacionales contra las armas químicas”, pasando por las Convenciones de Ginebra, existen argumentos legales para prohibir o, al menos, limitar su uso.” Una utilización que, a menudo, viene marcada por la falta de control que tiene la sociedad civil sobre los protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento que observa la policía ante escenarios de protesta, y que en España, y en los últimos treinta años, han provocado 9 muertos y una treintena de heridos graves por el uso de pelotas y balas de goma. Unas reglas de actuación que deberían ser públicas y revisables por la sociedad, según demandan las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
