Hace pocos días se publicaron los datos de pobreza en Cataluña de la encuesta de condiciones de vida de 2024, elaborada por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), que nos confirman que la pobreza está cronificada desde hace muchos años, que la precariedad se extiende a más capas de la población y que la pobreza severa ya supera el 8%. Como siempre, habrá quien vea una pequeña mejora respecto al año pasado con la bajada de cuatro décimas en la pobreza, aunque sigue siendo persistente en el 24% desde hace diez años. Pero no nos equivoquemos, los datos son abrumadores y tercamente negativos.
Sabemos que uno de cada cuatro catalanes (24,4%) está en riesgo de pobreza y exclusión social y que casi la mitad de la población catalana llega con dificultades a fin de mes. El 35% de la población no tiene capacidad para hacerse cargo de gastos imprevistos y más del 30% no puede permitirse una semana de vacaciones al año.
Sabemos que la pobreza afecta principalmente a las mujeres, hogares con hijos dependientes, niños y jóvenes. Hoy, en Cataluña, uno de cada tres niños vive en situación de pobreza. Realidad que también se mantiene en los últimos diez años y significa que hoy en Cataluña hay 467.700 niños y niñas que viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, ropa o vivienda. Inadmisible, si además sumamos los efectos devastadores para su salud mental.
La persistencia de estos datos pone de manifiesto una vez más que tenemos políticas de garantía de ingresos fallidas y poco efectivas para hacer frente a esta situación.
Estos datos muestran que las actuales prestaciones de garantía de ingresos son poco útiles para dar respuesta y cubrir las necesidades de una parte importante de la población y también necesitamos buscar alternativas a las que existen actualmente.
La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que está en marcha desde 2017 y que es una prestación dirigida especialmente a la población en situación de pobreza severa, está fracasando con este grupo, que es justo el que ha aumentado en los últimos años, del 6,5% (de 2015) al 8,5% en la actualidad.
Todo esto lo sabemos y muchos lo sufren en el día a día de su vida en pobreza, pero el actual gobierno del PSC, que ahora tiene la posibilidad de dar un giro a esta situación y tomar decisiones para abordar la urgencia social de la pobreza, la precariedad y la inseguridad económica de una parte considerable de la población, sigue aferrándose obstinadamente a las políticas ya demostradas como obsoletas y afirmando ilusoriamente que podrán mejorarlas.
Hace unas semanas el PSC presentó un proyecto de ley de modificación parcial de la actual RGC que ya ha recibido las primeras críticas de algunos expertos, tomando como referencia aspectos de la Renta de Garantía de Ingresos vasca que, aunque es un modelo mejor que el de la RGC, de eso no hay duda —con un concierto fiscal propio, hay que recordarlo—, se debe decir que el 30% de las personas en situación de pobreza y exclusión social no acceden a la RGI del País Vasco, y de las que lo hacen, más del 50% de las personas beneficiarias no superan la pobreza a pesar de estar dentro del propio sistema. Es decir, que solo acceden siete de cada diez personas en situación de pobreza y, de las siete que logran llegar, la mitad no consiguen salir de la pobreza.
Me pregunto si los que han impulsado esta reforma de la RGC conocen realmente esta realidad del País Vasco. Y si disponen de esta información, ¿no saben, no pueden o simplemente no quieren hacer un cambio transformador en las políticas sociales de Cataluña?
Unas políticas sociales que, si fueran consecuentemente transformadoras, seguramente contarían con un amplio apoyo de la izquierda parlamentaria en Cataluña. ¿Hasta cuándo esta ceguera institucional alejada de la realidad de una parte importante de la población?
Nos encontramos ante una verdadera emergencia social caracterizada por muchas problemáticas y derivada de diversas crisis que ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por las entidades del tercer sector, por los profesionales de los servicios sociales, por los sindicatos de la vivienda, por las entidades que trabajan con las personas sin hogar… y que afecta a muchos sectores de la población.
Hace mucho tiempo que es necesario cambiar de orientación y rumbo en las políticas sociales. Desde muchos grupos y sectores sociales se aplaudió el proyecto del anterior gobierno de impulsar un plan piloto de renta básica y experimentar con una política innovadora y transformadora.
El PSC hizo perder una oportunidad al país en 2023, junto con la derecha catalana y la extrema derecha española, y evitó su ejecución. Un piloto de renta básica que nos habría podido aportar evidencia y generar un debate para hacer un cambio imprescindible en las políticas de rentas, avanzando hacia un modelo de derechos de tipo universal. En definitiva, para garantizar a toda la ciudadanía unos mínimos de ingresos para cubrir las necesidades vitales, tal como reconoce la Declaración de derechos humanos emergentes que se aprobó en 2007 en Monterrey, México.
Debemos situar el debate de la renta básica como una política que hay que poner en marcha como un derecho de ciudadanía y dar las respuestas necesarias. Una política a la altura de los tiempos, de los cambios inmediatos que se prevén en el mercado laboral y de las necesidades sociales que tenemos ahora mismo.
Como es evidente, la financiación singular es imprescindible en este debate para plantear una posible renta básica en Cataluña. Solo si tenemos capacidad para recaudar, regular y administrar nuestras propias finanzas podremos abordar la financiación de esta medida. Pero lo primero que necesitamos es voluntad política para hacer estos cambios, en beneficio de una amplia mayoría, sin miedo. Las últimas encuestas del CEO son claras y el apoyo a la renta básica es del 62% de la población.
Estamos en 2025 y la respuesta no llega. Todo lo contrario, seguimos asistiendo a una incapacidad manifiesta para tomar decisiones efectivas para la solución de un problema social de magnitud. ¡Y estamos haciendo tarde! Según las últimas encuestas, los jóvenes se están inclinando hacia posiciones de derechas. Una juventud que ve amenazado su futuro, que se siente frustrada, irritada, descontenta con la política institucional, y que ve con mucha preocupación las grandes desigualdades económicas que sufren. No son los aciertos de la derecha lo que marca este sentido del voto hacia sus posiciones, sino que es el fracaso de las políticas convencionales que no han sabido garantizar las necesidades materiales de las personas.
Sergi Raventós fue director de la Oficina del Plan piloto de la renta básica universal de Catalunya en la anterior legislatura (2021-2024).
Fuente: https://naciodigital.cat/opinio/pobresa-dades-nefastes-politiques-continuistes_2088922_102.html
