Las playas y los restaurantes de la costa catalana se han llenado estos días de las opiniones indignadas de votantes de Junts sobre la represión ejercida conjuntamente por “el Estado español, ERC y los Mossos d’esquadra” contra Carles Puigdemont. Estamos en agosto, las vacaciones son sagradas y solo 4.500 personas acudieron a un momento épico, el regreso del expresidente a Barcelona, que hace unos años hubiera reunido a cientos de miles de personas. Esta escasa asistencia, el papel de Puigdemont haciendo un mitin de cuatro minutos sin intentar acceder al Parlamento, y la elección de un nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, con los votos de PSC, ERC y Comunes, marcan, por si aún quedaba alguna duda, el final definitivo del llamado proceso.
Celebro que Carles Puigdemont continúe en libertad: es lo que corresponde a alguien acusado de un delito sobre el cual el poder legislativo aprobó legítimamente una ley de amnistía, respecto a la cual algunos jueces están practicando una interpretación que parece más una desobediencia política que una correcta aplicación del Derecho. Dicho esto, quiero añadir que Puigdemont ha marchado por segunda vez dejando a la Policía de Cataluña en manos de lo que quiera decidir el poder judicial español: lo hizo en 2017 con el mayor Trapero y lo ha vuelto a hacer ahora con el comisario Sallent, jefe del Cuerpo de Mossos d’esquadra.
Estos días todo el mundo se considera experto en operativos para efectuar detenciones en concentraciones de masas y cualquier opinador se atreve a dar lecciones a los profesionales, que han sido los primeros en reconocer que no plantearon de forma acertada la posible detención de Puigdemont ordenada por el Tribunal Supremo. No seré yo quien, sin disponer de toda la información, juzgue técnicamente lo que pasó el 8 de agosto. Pero desde un punto de vista político, lo significativo es que ese día se celebraba el debate de investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. Y eso lo explica todo. Es innegable que la pretensión de Puigdemont, Junts, la ANC y el Consell de la República era condicionar, impedir o tapar la celebración del Pleno desde dentro y desde fuera del Parlamento. El grupo parlamentario de Junts utilizó exactamente la misma técnica que utilizaba Ciudadanos en los debates del momento álgido del proceso: pedir reiteradamente la suspensión del plenario y la reconsideración de las decisiones de la Mesa. La paradoja la encontramos en el hecho de que si los Mossos hubieran logrado detener a Puigdemont, cosa que cabe suponer que Junts no quería, inmediatamente su grupo parlamentario habría exigido, seguramente con éxito, que el Pleno de investidura se suspendiera.
En este sentido, comparto el reproche que el comisario Eduard Sallent hizo a los cargos públicos que ampararon la fuga de Puigdemont. Unas personas que se consideran patriotas y que han sido elegidas para representar a la sociedad deben mostrar un respeto absoluto a las instituciones del país y a su policía. Y un expresidente de la Generalitat debería ser el primero en supeditar sus intereses particulares al buen funcionamiento del Parlamento.
El tema de fondo es que un sector relativamente amplio, pero claramente minoritario, de la sociedad catalana no acepta que la perspectiva de la independencia se ha alejado por mucho tiempo, tanto por la represión que una parte del poder judicial se empeña en continuar aplicando como por los errores que han cometido los partidos y organizaciones independentistas. Que el presidente de la ANC, Lluís Llach, hace años todo un referente ético y moral para muchos de nosotros, califique de “fascista” a Salvador Illa y haga escarnio de la diputada de Jovent Republicà, Mar Besses, es una demostración de cómo determinados actores políticos han perdido el norte y la noción de la realidad.
¿Qué policía queremos?
Todavía hay otra cosa tan o más preocupante: la coincidencia entre sectores que parecerían antagónicos en la valoración del papel de los Mossos d’esquadra. Algunos medios españolistas, en 2017, tras su efectiva actuación ante los atentados de agosto y de su comportamiento proporcionado durante el referéndum de octubre que después avalaría la Audiencia Nacional, acusaron de todos los males a la policía catalana, exigiendo que dejara de actuar como policía judicial y que se le retiraran las competencias en la lucha contra el terrorismo.
Desde el otro lado, una parte del independentismo querría exactamente lo mismo: que los Mossos d’esquadra quedaran reducidos a una policía sin competencias, folclórica, como era el pequeño Cuerpo de Mossos que dependía de la Diputación de Barcelona durante el franquismo. Unos y otros sueñan con que sus competencias actuales vuelvan al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil: los primeros lo vivirían como un triunfo de sus concepciones centralistas; los segundos dispondrían de la excusa perfecta para acusar al Estado español de cualquier actuación policial que no fuera en la línea que ellos querrían.
Ahora hay en Cataluña quien reclama una “policía patriótica”, un concepto que fue aplicado a determinadas actuaciones ilegales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que se movían dentro de las cloacas del Estado. Digámoslo claro: de policía patriótica, ni la española ni la catalana. La policía tiene como misión defender los derechos de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, y no puede estar al servicio de un determinado sector político. David Madí ha explicado sin pelos en la lengua cómo el gobierno de CiU pretendió sustituir al mayor Trapero por otro mando que consideraban proclive a llevar a los Mossos hacia la ruptura de la legalidad.
Las personas de diferentes ideologías que en los años ochenta participamos en la creación del modelo de policía de Cataluña no lo hicimos para que la Generalitat dispusiera de un Cuerpo de seguridad al servicio de un partido, sino para que el país pudiera tener una policía que diera un buen servicio a la ciudadanía, actuando también como policía judicial con todas las servidumbres que eso conlleva: Queríamos una policía de verdad y que funcionara aplicando métodos indiscutiblemente democráticos. Hoy, el Cuerpo de Mossos d’esquadra no está exento de cometer errores o practicar actuaciones desproporcionadas, pero intenta ejercer sus tareas desde una perspectiva profesional. No deja de ser curioso que los mismos que reclaman, a menudo de forma exagerada, más seguridad ciudadana se dediquen a desprestigiar y a cuestionar nuestra policía.
*Jaume Bosch. Advocat. Exdiputat al Parlament de Catalunya. Ponent de l’Estatut de 2006.
*Fuente original: https://catalunyaplural.cat/es/policia-patriotica-ni-espanola-ni-catalana/
