Se ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Madrid la primera querella criminal por delitos de torturas cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad. La querella está presentada contra Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. En la misma querella también se dirige acusación, por los mismos delitos, contra los inspectores de policía Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal, que formaban parte de la Brigada Político- Social en el momento el que sucedieron los hechos denunciados.
El querellante, Luis Suárez-Carreño, que fue detenido en dos ocasiones en los años 1970 y 1973, sufriendo torturas durante los interrogatorios a los que fue sometido, entre otros, por los querellados. Luis reclama que se rompan los muros de la impunidad que aún flotan en nuestra imperfecta democracia. Los abogados de la querella han señalado que “La acción penal que se ejercita se fundamenta en los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en las normas aplicables de Derecho Penal Internacional” y que ”Los delitos de tortura objeto de denuncia son crímenes contra la humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”.
A la querella criminal se acompaña un informe pericial, elaborado por cuatro expertos, que acredita, sin género de dudas, el contexto de ataque sistemático y generalizado contra la población civil en el que fueron cometidos los delitos de tortura objeto de denuncia. Esta vía se suma a la querella presentada en el año 2010 en Argentina, que seguirá su tramitación. Recuerden que en la denominada querella argentina, se denegó la extradición de Antonio González Pacheco, lo que refuerza la obligación del Estado español de investigar este tipo de crímenes, en virtud de la norma “extraditar o juzgar” prevista en múltiples instrumentos internacionales. Jacinto Lara, uno de los abogados redactores de la querella ha señalado en el día de hoy que “la falta de investigación y enjuiciamiento por parte de los Juzgados y Tribunales españoles de este tipo de crímenes es impropia de un Estado democrático, tal y como ya ha tenido ocasión de recordar al Estado español diferentes organismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Por su parte, Manuel Ollé, abogado que también asiste al querellante, ha destacado que “Los Juzgados y Tribunales están obligados a investigar y, en su caso, enjuiciar estos hechos pues en caso contrario estarían incurriendo en una grave ilicitud internacional”. Es la primera de una serie de querellas criminales que presentarán las víctimas de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, que exigen, de esta forma, a la administración de justicia española, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que les asiste.
