El expresidente catalán Carles Puigdemont ha acusado a los jueces y a la Justicia española de dar un «golpe de Estado híbrido» por no aplicarle la ley de amnistía y mantener vigente su orden de detención. En un artículo de opinión publicado este viernes en el medio Politico, el dirigente de Junts ha sacado pecho de haber vuelto fugazmente a España el pasado 8 de agosto, el día del pleno de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat, y no haber sido arrestado pese a dar un mitin público ante cientos de personas.
«No volví a Cataluña para ser arrestado», ha escrito. «Volví para ejercer el derecho a resistir la opresión. Cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar», ha añadido.
Puigdemont ha cargado contra «la politizada Sala Segunda del Tribunal Supremo» por «rebelarse contra una ley que no le gusta, desobedeciendo a un parlamento democrático». El magistrado de esta sala Pablo Llarena es quien ha decidido mantener la orden de detención contra el político catalán.
El juez instructor entiende que Puigdemont no puede ser beneficiario de la amnistía porque se enriqueció personalmente con la malversación que le imputa durante el ‘procés’, una excepción que recoge el texto aprobado definitivamente en junio en el Congreso de los Diputados.
Carga contra la «distorsión de la realidad» de los jueces
«Al argumentar que las contribuciones voluntarias para financiar el referéndum —que no costaron nada a los ciudadanos— equivalían a enriquecimiento personal, el tribunal ha redefinido esencialmente el delito de ‘malversación’», expone Puigdemont.
Por ello, considera que la «distorsión de la realidad» de los jueces para no situarle a él y a otros políticos independentistas fuera del ámbito de aplicación de la amnistía es tan «surrealista» que «no solo desprecia la ley, sino que se burla de los legisladores españoles».
Asumió un «riesgo personal muy grande» al volver a Cataluña
El líder independentista asegura que asumió «un riesgo personal muy grande para llamar la atención sobre un problema sistémico del poder judicial español» y «denunciar la obsesión política de un tribunal que debería ser imparcial a la hora de tomar decisiones».
Señala que su plan original era intervenir en el pleno de investidura en el que fue elegido Illa, pero no pudo llevarlo a cabo por el cordón policial que rodeaba el Parlament. «Así que, para seguir en libertad, tuve que activar el plan alternativo que había preparado: hablar en el acto, eludir la detención ilegal y salir de España», recuerda.
Finalmente, continúa, su salida fue «exitosa». «No tuve que esconderme en el maletero de un coche, como afirman que hice. Me senté en la parte trasera de un vehículo privado y me llevaron a través de la frontera entre el sur de Catalunya y el norte de Catalunya, que administrativamente es territorio francés», asegura.
Y concluye: «Ahora espero que algún día vuelva la justicia a los tribunales españoles, y los jueces respeten una ley aprobada por el Parlamento, para poder volver a casa definitivamente».
