¿Qué fue del turismo social? Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 33,5% de los españoles no se puede permitir pasar una semana de vacaciones al año fuera de sus casas. El porcentaje sube a casi la mitad en algunas comunidades autónomas como Andalucía, en la que el 45% de la población no puede disfrutar de las vacaciones fuera del hogar. Cabe suponer que en muchos barrios de clase trabajadora son minoría los que se van a alguna parte en verano. Son datos insólitos para un país, en el que, si uno atiende a los medios de comunicación, pareciera que todo el mundo está de vacaciones, volviendo de ellas, o pensando a dónde irá el próximo verano.
Las vacaciones pagadas, recordemos, fueron una conquista del movimiento obrero a principios del siglo XX. La Segunda República, con el socialista Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, concedió a todos los trabajadores asalariados el derecho a una semana anual de vacaciones pagadas. El Gobierno del Frente Popular francés aprobó en junio de 1936 dos semanas de vacaciones pagadas para todos los trabajadores y trabajadoras. Aquel verano la clase obrera ocupó por primera vez de manera masiva las playas. También en Chile, donde el Frente Popular gobernó de 1938 a 1941, la democratización del turismo se convertiría en una de las políticas de la coalición progresista.
El nacimiento del turismo social
La conquista del ocio y el tiempo libre fue, pues, desde principios del siglo XX una de las reivindicaciones de un movimiento obrero que no sólo logró del Estado y los patronos el reconocimiento de las vacaciones pagadas, sino que además fue creando en su avance instituciones y espacios para el gozo y el descanso de unas clases populares que hasta entonces no habían podido disfrutar del turismo, reservado a la burguesía y las clases medias. Grupos excursionistas, campamentos infantiles y juveniles, y colonias de verano sentaron las bases de lo que progresivamente sería conocido como turismo social, y que a lo largo del siglo XX se desarrolló tanto a través del Estado, como de la sociedad civil, la Iglesia, los sindicatos y otro tipo de organizaciones. En Suecia, por ejemplo, desde principios del siglo XX el movimiento obrero adquirió áreas verdes para convertirlas en folkparks, “Parques del Pueblo”, espacios dedicados al ocio de la clase trabajadora, y que eran el complemento de las “Casas del Pueblo”, con sus bibliotecas, cafés y salas de reuniones.
Convertido en política de Estado, el turismo social se desarrollaría tanto en sistemas democráticos como autoritarios. La Italia fascista y la Alemania nazi impulsarían programas de turismo social, pero también la Unión Soviética con sus balnearios y ciudades de vacaciones. En el caso de España, la Guerra Civil interrumpiría los primeros proyectos, alumbrados durante la Segunda República. Sin embargo, tras la larga postguerra, en 1954, el régimen franquista inauguraría en Carreño, Asturias, a orillas del Cantábrico, la Ciudad Residencial de Perlora, un gran complejo vacacional dependiente de la Obra Sindical de Educación y Descanso, en el que muchas personas procedentes de la España interior pudieron descubrir por primera vez el mar.
Con su gran hotel y sus 274 viviendas, la ciudad vacacional asturiana tendría otras dos homólogas en Tarragona y Marbella. Transferida posteriormente a la comunidad autónoma del Principado de Asturias, Perlora se mantuvo en activo hasta su cierre en 2006. En el año de su clausura, el coste aproximado de un alojamiento con pensión completa en temporada alta era de 30 euros. Su futuro es una incógnita, pero pocos defienden hoy con vehemencia que vuelva a ser un complejo turístico público y orientado al turismo social.
Reconvertir el turismo al servicio de las clases populares y la transición ecosocial
Desde el inicio de la democracia, el turismo social en España ha ido quedando progresivamente reservado para las personas mayores a través del Imserso. Ernest Cañada, que lleva años estudiando el turismo social en Europa y América, considera que en nuestro país el turismo social se encuentra infradesarrollado. “Los refugios de montaña, los albergues y el Imserso ya son infraestructuras públicas que deberían formar parte de una estrategia de turismo social destinada a los ciudadanos que pagan impuestos”, apunta Cañada, quien recuerda que las administraciones públicas destinan ingentes recursos económicos a promoción y subvenciones a la industria turística, pero muy pocos a que todo el mundo pueda disfrutar del tiempo libre. “El debate es quién es el sujeto de la política turística: las empresas o la gente. En la sanidad lo tenemos claro, pero en el turismo no”, señala el integrante de la asociación Alba Sud, dedicada a la investigación y reflexión sobre el turismo.
Cañada apunta que en todo el mundo siguen existiendo experiencias de turismo social interesantes, y pone el ejemplo de SESC Bertioga, un complejo público en el Estado brasileño de São Paulo, que desmiente la imagen del turismo social como algo cutre. Fundado en 1948, con 439.000 metros cuadrados de extensión y capacidad para alojar a 400 visitantes, SESC Bertioga combina el turismo de playa con las actividades deportivas, culturales y artísticas. Alojarse con pensión completa y acceso a todas las actividades cuesta 22 euros diarios a los trabajadores y jubilados del comercio y los servicios, y 62 a quienes no pertenecen al sector. En Europa, Francia es probablemente el país en el que el turismo social sigue manteniendo un mayor pulso, con grandes organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan centenares de alojamientos a través de empresas de la economía social y solidaria.
En opinión del investigador, la crisis ecológica y la saturación de algunos destinos va a obligar a un replanteamiento total de la industria turística. “La respuesta de la izquierda no puede ser apostar por el turismo de calidad como eufemismo de turismo para ricos”, explica Cañada, que considera que la salida a los problemas que hay sobre la mesa a cuenta del turismo de masas no puede ser la elitización, entre otras cosas porque “no hay ricos para todos”, esto es, para todas las ciudades y regiones que en la actualidad pujan por atraer a visitantes de ese perfil.
Para Cañada toca ir hacia un turismo de cercanía, más sostenible y diversificado, y en el que el grueso de la financiación pública vaya a lograr el acceso de todo el mundo a las vacaciones. “Probablemente, haya que limitar el acceso a ciertos lugares muy masificados, pero de una forma justa e igualitaria, no a través del precio”, explica el especialista, quien considera interesante la ecotasa al turismo si esta sirve no para realizar más promoción turística, sino para diversificar la economía de territorios muy turistificados o financiar infraestructuras ligadas al turismo social: “La izquierda no puede apelar constantemente a la responsabilidad individual del buen consumidor, del turismo ético o responsable… Hay que construir infraestructuras públicas para el turismo social, horizontes de deseo de viajes y vacaciones dentro de los límites del planeta, y salir así de esa contradicción que es quejarnos de que hay mucho turismo y al mismo tiempo ser nosotros mismos turistas”.
