Otro año que las cifras volvieron a bailar en función de la fuente: más de un millón de personas en conjunto según los organizadores, que vieron desbordadas sus previsiones de empleo en muchos tramos, y un poco menos, más de 800.000, según las autoridades locales. La delegación del gobierno estatal las rebajaba a 370.000, menos aún de las que se terminaron inscribiéndose en el registro previo del ANC. Se mire por donde se mire, en todo caso, otra vez se constata que la voluntad y la ilusión de que nazca un nuevo estado catalán son firmes y persistentes, y que el proceso no tiene freno, ahora que el final se ve más cerca que nunca.
Como es habitual, la Fiesta volvió a ser una gran fiesta cívica y reivindicativa, con multitud de actividades paralelas durante el día y sin ningún incidente destacable, más allá del calor, que obligó a hacer algunas atenciones, y las previsibles colas que se formaron para entrar y salir de las ciudades, sobre todo de Berga, la más pequeña. En todas partes hubo riadas de gente: el cauce del Segre en Lleida (120.000 personas según el ANC territorial; de 25.000 a 30.000 según el Ayuntamiento), la avenida de los Países Catalanes de Salt (entre 135.000 y 200.000), el paseo de la Paz de Berga (entre 60.000 y 80.000) y la rambla Nova de Tarragona (entre 50.000 y 110.000) acogieron la manifestación más grande de su historia. En Barcelona, donde 540.000 asistentes según la Guardia Urbana ocuparon el paseo Lluís Companys y el de San Juan, la cifra se volvió a situar en lo más alto del ranking.
«No dude en poner las urnas. Es el lenguaje que el mundo democrático entiende. Es el mejor instrumento para mantener el país como un solo pueblo. Todos aceptaremos el resultado de un referéndum por la independencia «, clamó el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. El escuchaba el Gobierno casi en pleno -sólo Jordi Jané abstenerse de los actos para coordinar el dispositivo de seguridad-, con el presidente, Carles Puigdemont, en la primera fila de la manifestación de Salt.
El ejecutivo y los independentistas comparten el objetivo final, pero la duda es la fórmula para validar el proceso. Puigdemont ve con buenos ojos un referéndum que también avalan ERC y la CUP -el Gobierno está estudiando cómo hacerlo local, pero el Partido Demócrata Catalán no genera consenso porque temen que sería una repetición del 9-N. Tampoco los comunes ven clara una votación que no cuente con el visto bueno del Estado. Sánchez dio margen a los partidos para que consensúen la mejor vía para votar: «El proceso sólo puede terminar bien si termina en las urnas. No dudamos que sabrá decidir cómo y cuándo «.
Las entidades recalcaron que estarán al lado del ejecutivo ante los embates judiciales del Estado: «No os fallaremos, y sabemos que ustedes no nos han fallado», Sánchez, que mostró su apoyo a los imputados por haber convocado el 9-N ya la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, amenazada con la inhabilitación por el Constitucional.
Desconexión en verano «No fallaremos. El pueblo no falla. Si no fallamos unos y no fallamos los otros conseguiremos hacer realidad el sueño de tanta gente «, respondió Puigdemont en declaraciones a TV3. El plan del presidente pasa por tener a punto la desconexión en el verano de 2017. Los partidos deberán ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor fórmula para culminarla. Sin concretar si apuesta por el referéndum, el presidente calculó ante los corresponsales extranjeros que hacia el otoño habrá elecciones constituyentes. «Si todo va bien, la Diada del año que viene seré presidente en funciones».
Antes de apostar por RUI -la votación se definirá entre octubre, con el debate de política general, y el noviembre-, Puigdemont querrá hacer evidente una vez más que el Estado se niega el referéndum. El día 28, en la cuestión de confianza, lo volverá a reclamar: «Sería una fórmula política para responder al deseo de miles de personas que llevamos años de movilizaciones. Y sería bueno para la política española, se acabaría con el bloqueo «, explicó. Eso sí, no esperará a una respuesta para tirar por: «Las urnas estarán».
Sea cual sea la fórmula final, el proceso ha vuelto a la pantalla del derecho a decidir, que genera el consenso del 80% de la población. Lo ejemplifican la presencia de los comunes a la manifestación -el año pasado, en plena campaña electoral, no van ser- y las constantes llamadas a la unidad: «Detengámonos y reconozcámonos en la diferencia. Somos la unidad «, pedirles Sánchez.
El recuerdo de la manifestación de Sant Boi de 1976, la primera gran exhibición de fuerza del catalanismo, sirvió para reforzar la necesidad de construir grandes mayorías. Recordando el recientemente fallecido Jordi Carbonell y su «que la prudencia no nos haga traidores» de aquella Diada, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, pidió «que la impaciencia no nos haga perder la unidad».
El clamor a la transversalidad, sin embargo, no hace perder de vista el objetivo final de las entidades, la independencia. «Hemos venido aquí, que nadie lo dude, para ganar la República Catalana», dejó claro Sánchez, que defendió el derecho de los independentistas a ser impacientes. La impaciencia está presente en manifestantes que, tras cinco años de movilizaciones, quieren pasos efectivos hacia la desconexión. El Gobierno les prometió que la de ayer sería la última Diada autonómica, pero la promesa ya se sintió el año pasado. El soberanismo volvió a demostrar en la calle su resiliencia: ahora les toca a los políticos dar respuesta.
