“La broma se ha terminado”. Con esta descarada contundencia resumía Xavier García Albiol la decisión del PP de forzar una reforma ‘exprés’ del Tribunal Constitucional para sancionar Artur Mas (y, en letra pequeña, también a todo aquel que incumpla sus sentencias). La tramitación por vía urgente, gracias a la mayoría absolutista del ejecutivo de Rajoy, permite ahorrarse el informe del Consejo General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y representa una manera más sibilina de colar el famoso artículo 155. Esta inaudita medida electoralista, promovida por un xenófobo, ratifica por enésima vez no sólo la politización de la justicia sino la extremaunción de la separación de poderes y la falta de cultura democrática del Estado español, todavía incapaz (por falta de voluntad) de condenar el franquismo.
Esta aberración jurídica llega pocos días después de que el beneficiario de sobresueldos en B enviara la Guardia Civil a registrar la sede de la Fundación Catdem, vinculada a CDC. Una representación teatral que, horas antes de la presentación de la candidatura de Junts pel Sí, instaba a la condena social sin juicio y buscaba la criminalización del proceso soberanista mediante la mezcla torticera con la “deriva de Mas”. Que no es deriva sino movimiento social y opción política pacífica, legal y legítima y, por tanto, democrática y respetable; ni es de Mas, sino de una parte muy relevante de la sociedad catalana vehiculada a través de la Asamblea, también víctima de campañas de desprestigio y de acusaciones delictivas de todo tipo por parte de cierta prensa.
“La Guardia Civil ha empezado la campaña del 27-S” apreciaba con finura el periodista Antón Losada acerca de un modus operandi que no es precisamente nuevo: pocos días antes de las elecciones autonómicas catalanas del 2012, El Mundo se inventaba un ficticio informe policial contra Mas que la inmensa mayoría de la prensa española ‘compraba’, que restó apoyo a CiU –insuficiente para hacerles perder los comicios-, y desembocó en un silencio cobarde y cómplice de los mismos medios cuando se demostró su falsedad (apenas una columna breve en El Mundo). La misma caverna que también proclamó a los cuatro vientos unas presuntas cuentas de Trias en Suiza que tampoco se pudieron probar. Pero si intoxicas, algo queda.
La polémica decisión es el segundo recado de las alcantarillas del Estado, que el pasado domingo usaba el experiódico progresista y no identitario El País (el que tildaba las recientes Diadas de ‘movilizaciones callejeras’ y el del reportaje de vecinos barceloneses victimizados que reivindicaban poner la rojigualda en su balcón) para publicar una carta de Felipe González. El exlíder socialista y presidente del gobierno se apuntaba a la ruin y tediosa comparación con el nazismo avisando a los catalanes de que “no se dejaran arrastrar por una aventura ileGAL”. Lo sostiene quien mandó arrastrar cadáveres en cal viva y el pionero de la corrupción post-franquista que ahora se mueve de manera impoluta por el lodazal de las puertas giratorias en consejos asesores que le aburren.
Este imperialismo de la ley, que se une a la ley de la mordaza y recuerda a la de vagos y maleantes, coincide con el bucólico paseo (¿en qué lengua?) entre Rajoy y Merkel, que habría sentenciado a favor de la soberanía e integridad territorial. Algo, que traducido por la caverna, equivaldría a haberse pronunciado contra la independencia catalana, en un presunto consenso que no evita que Rajoy continúe arrodillándose ante la mandamás germana.
Quizás para marcar distancias (más que por ideología), PSOE y Podemos han rechazado categóricamente la ocurrencia del PP, que curiosamente ha dejado mudos muchos legalistas y ‘demócratas’ españoles. En su afán por desviar la atención, algunos han lamentado que se haya dado “munición a los independentistas”, en vez de criticar una iniciativa que pone la última gota de aluminosis en la carcomida democracia española.
El TC, presidido por un exmilitante del PP hasta 2011 que en su juventud se declaró seguidor de Blas de Piñar y llegó a romper un ejemplar de la Carta Magna, tiene un largo e indisimulado historial contra Catalunya: en marzo de 2014 tachó de ilegal la declaración aprobada por el Parlament, que consideraba el pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano; el pasado septiembre suspendió la convocatoria del 9-N, este junio hacía lo mismo con la consulta y sus preparativos y posteriormente también suspendía las estructuras de Estado catalanas. Paralelamente, por el camino también caían el decreto de pobreza energética o el impuesto del Govern a los bancos, en una cacería calculada fruto de una falsa superioridad legal y moral. Como si el Parlament fuera una cámara de feria sin fuerza ni representatividad.
Nueva cortina de humo a Gürtel, Púnica, Bárcenas, Rato, Fabra, sobresueldos, monarquía… de un Rajoy que hace no tanto se recorrió España buscando votos en contra del mismo Estatut del que luego copió artículos para aplicarlos de manera literal en otras comunidades. Y que debía al sector ultra una dosis de bilis después de su criticada exhibición de pasividad ante el 9-N.
Lo más grave de esta reforma ‘exprés’, que no sólo debería hacer caer muchas vendas a catalanes indecisos, temerosos o atenazados por el autoodio, es que disipa definitivamente la duda: actualmente no existe ninguna garantía que el Estado español quiera convertirse algún día en democrático.
Mientras muchos catalanes residentes en el extranjero se encuentran arduas e incomprensibles trabas para poder ejercer su derecho a voto el 27-S, el PP ya ha enviado su primer tanque a la Diagonal en forma de reforma acorazada. El sueño húmedo de una intervención militar se sustituye o aplaza (‘perro ladrador…) por una guerra psicológica sin sangre pero sin tregua.
