El 7 de julio por la noche, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, Europa respiró aliviada. El intento de la extrema derecha por hacerse con el gobierno del país chocaba con un “frente republicano” que contenía el ascenso de Le Pen y situaba a la coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, como el bloque ganador de la contienda. Un respiro y una oportunidad… que la izquierda debe saber aprovechar, porque las consecuencias de malograrla serían desastrosas. No hay más que considerar las amenazas que se ciernen sobre la construcción europea. Orbán, hoy líder del nacional-populismo europeo, se postula como la rótula de una pinza reaccionaria entre un esperado Trump al frente de la Casa Blanca y Putin, el autócrata del Kremlin. En Francia mismo no cabe llamarse a engaño: en número de votos y escaños, el Reagrupamiento Nacional es el primer partido del país. Y, por mal que nos sepa a la izquierda, sociológicamente, el primer partido obrero de Francia. La extrema derecha ha asentado su influencia en las regiones que sufrieron el impacto de la globalización neoliberal (pocas naciones industriales practicaron como Francia de divisa de “empresas sin fábricas”) y de la degradación de los servicios públicos en las zonas periurbanas. Esa influencia no se revertirá con palabras, sino con políticas públicas osadamente redistributivas.
La izquierda francesa cuenta con un voto juvenil y femenino. Es una gran cosa. Pero la amenaza de la extrema derecha sigue latente. A una semana de la segunda vuelta, la izquierda sigue debatiendo acerca del candidato a primer ministro que propondrá al presidente de la República… que, a su vez, maniobra para no perder el control de la situación, a pesar del severo castigo sufrido en las urnas. No será fácil que, de la actual composición de la Asamblea Nacional, dividida en tres grandes bloques (izquierda, macronistas y extrema derecha), surja un gobierno con el empuje necesario para abordar los desafíos a los que se enfrenta la sociedad francesa. De ahí la importancia de que la izquierda sea capaz de formular una candidatura solvente, que responda a la demanda de justicia social del país. Pero también de que se haga cargo de lo frágil de la situación, de la urgencia de reconstruir su influencia y sus fuerzas en torno a un programa mucho más sólido y concreto que el apresurado acuerdo con el que los partidos progresistas acudieron a la cita electoral. Un programa que deberá abordar las tareas de una etapa de profunda socialización y democratización de la economía como alternativa a una pendiente de decadencia y autoritarismo. Los apoyos decisivos de la extrema derecha no proceden tanto de los más pobres, sino de quienes temen serlo.
Esa es la discusión que nos propone Thomas Piketty en la columna de opinión que sigue. Se trata, en efecto, de una reconstrucción de la izquierda para encarar un nuevo ciclo histórico en el que se decidirá el futuro de Europa, el de las democracias y, en general, el del progreso social y ecológico en el mundo. Habrá experiencias, tentativas y batallas políticas que marcarán el rumbo y definirán las correlaciones de fuerza. Una vez más, lo que ocurra en Francia pesará muy mucho en nuestro destino colectivo.
Lluís Rabell
Reconstruir la izquierda francesa
A pesar de la mayoría relativa obtenida por el Nuevo Frente Popular (NFP), el paisaje político francés sigue estando marcado por las divisiones y la incertidumbre. Digámoslo sin ambages: las ganancias obtenidas por la izquierda en votos y escaños resultan en realidad muy limitadas y reflejan un trabajo insuficiente por cuanto se refiere al programa y a las estructuras. Sólo afrontando resueltamente esas insuficiencias, los partidos de izquierdas lograrán atravesar el período de turbulencias y de gobiernos minoritarios que se anuncia… hasta obtener un día la mayoría absoluta que les permita gobernar duraderamente el país.
El programa adoptado por el NFP unos días después de la disolución de la Asamblea Nacional tenía sin duda el inmenso mérito, comparado con los otros, de indicar dónde había que ir a buscar los recursos necesarios para invertir en nuestro futuro: sanidad, formación, investigación, infraestructuras de transporte y de energía, etc. Esas indispensables inversiones requerirán un fuerte aumento y sólo existen dos maneras de financiarlo. O bien asumimos que hemos entrado en un nuevo ciclo de socialización creciente de la riqueza, impulsado por subidas de impuestos a los más ricos, como propone el NFP, o por el contrario y por razones ideológicas rechazamos cualquier incremento fiscal… y nos ponemos en manos de las financiaciones privadas, sinónimo de desigualdades en el acceso a ellas y de una eficacia colectiva más que dudosa. Lastrados por unos costos privados exorbitantes, los gastos de sanidad se acercan ya al 20% del PIB en Estados Unidos, con unos indicadores desastrosos.
Los montantes evocados por el NFP han podido, no obstante, asustar: 100 mil millones de euros de nuevos impuestos y gastos en los próximos tres años; es decir, un 4% del PIB. A largo plazo, esos montantes no tienen nada de excesivo: en Europa occidental y en los países nórdicos, los ingresos fiscales pasaron de menos del 10% de la renta nacional antes de 1914 al 40-50% en la década de 1980-1990. Y fue este potente desarrollo del Estado social (en materia de educación, sanidad, servicios públicos, protección social, etc.) lo que hizo posible un crecimiento sin precedentes de la productividad y del nivel de vida de la población, digan lo que digan los conservadores de todas las épocas.
Una fuerte demanda de justicia social
No obstante, subsisten muchas incertidumbres por cuanto se refiere al calendario y al orden de prioridades de un gobierno de izquierdas que accediese al poder. Si la demanda de justicia social es fuerte en el país, la movilización de nuevos recursos constituye siempre un proceso frágil al cual los ciudadanos pueden retirar su apoyo en cualquier momento. Concretamente, mientras no se haya demostrado de manera incontestable que los multimillonarios y las multinacionales están tributando a la altura de sus recursos, resultará impensable pedir un esfuerzo suplementario a nadie más. Pues bien, el programa del NFP es demasiado vago sobre este punto crucial. Y eso es tanto más problemático cuanto que los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas, a falta de un programa lo bastante preciso y de una apropiación colectiva lo bastante fuerte, han acabado cediendo a la presión de los lobby en cuanto accedieron al poder. Por ejemplo, exonerando del impuesto de solidaridad sobre la fortuna a los llamados bienes profesionales y a la casi totalidad de los mayores patrimonios, lo que supuso recaudar unos ingresos fiscales ridículamente débiles en relación a lo que podían y hubiesen debido ser. Para no repetir tales errores, habrá que implicar a la sociedad civil y a los sindicatos en la defensa de esos ingresos y de las inversiones sociales a las que deben destinarse. Sobre esas cuestiones, al igual que acerca de muchos otros tremas, las consignas propagandísticas no pueden substituir al trabajo de fondo y la movilización colectiva.
Nos enfrentamos a dificultades similares por cuanto se refiere a las pensiones. No tiene mucho sentido adoptar como eslogan la jubilación para todos a los 62 años, o incluso a los 60, cuando todos sabemos que existe una condición en cuanto al período de cotización para tener derecho a una pensión completa en el sistema francés. Una consigna del tipo “cuarenta y dos anualidades para todos” sería mejor entendida por el país, y explicitaría que las personas que han hecho estudios superiores no se jubilarán antes de los 65 o incluso los 67 años, al tiempo que insistimos en los injusto e inaceptable de la reforma de Macron – reforma que eleva la edad de jubilación a los 64 años, de tal modo que alguien que ha empezado a cotizar a los veinte se vea obligado a hacerlo durante cuarenta y cuatro anualidades. Podríamos multiplicar los ejemplos. Está muy bien anunciar la supresión de Parcoursup (sistema de solicitud de ingreso en las universidades). Pero habría sido mucho mejor describir el sistema alternativo, más justo y transparente, que debería reemplazarlo. Está muy bien denunciar la concentración de los grandes medios de comunicación en manos del conglomerado Bolloré. Pero estaría mucho mejor comprometerse con una ley ambiciosa de democratización de los medios de comunicación que pusiera en cuestión la omnipotencia accionarial.
Evoquemos también la proposición orientada a confiar a los asalariados una tercera parte de los asientos en los consejos de administración de las empresas. Es la reforma más profunda y más auténticamente socialdemócrata del programa el NFP, pero ganaría mucho si la situásemos en un marco más amplio. Para permitir la redistribución del poder económico, sería necesario ir hasta el 50% de los asientos en las grandes empresas, limitando los derechos de voto de los mayores accionistas y comprometiéndose a una verdadera redistribución del patrimonio. Más que autocomplacerse en una radicalidad retórica de fachada, es hora de que la izquierda se ponga a describir el sistema económico alternativo al que aspira, aún reconociendo que las cosas se harán por etapas.
Sobre todas estas cuestiones, sólo el trabajo colectivo permitirá hacer progresos, algo que exige la creación de una verdadera federación democrática de la izquierda, capaz de organizar la deliberación y zanjar las diferencias. Estamos aún lejos de eso. Durante los últimos años, La Francia Insumisa no ha dejado de querer imponer su hegemonía autoritaria sobre el conjunto de la izquierda, al estilo del Partido Socialista de antes, pero en peor si cabe, dado el rechazo de cualquier forma de votación por parte de los dirigentes “insumisos”. Pero el electorado de izquierdas no es iluso: sabe que el ejercicio del poder exige ante todo humildad, deliberación y trabajo colectivo. Ha llegado la hora de responder a esa aspiración.
Thomas Piketty
(“Le Monde”, 14-15/07/2024)
Traducción: Lluís Rabell
Barcelona, 1954. Traductor, activista y político. Diputado del Parlament de Catalunya entre 2015 y 2017, lideró el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot.
