Joan Ridao -el todavía secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya y portavoz de esta formación en el Congreso de Diputados- crítico la política de “peix al cove re-escalfat”, que según su opinión, el govern de la Generalitat está llevando a cabo al pactar con un PP “al que ha situado en la normalidad política catalana, a pesar de haber recurrido el Estatut y de sus gestos anticatalanistas y en ocasiones xenófobos”.
Con un porte adusto que contrastaba con la tonalidad clara de su traje, Joan Ridao compareció ante los medios con un discurso articulado entorno a tres ejes: el inicio de un curso escolar marcado por los recortes presupuestarios y el ataque a la inmersión lingüística en catalán; la Iniciativa de Ley Popular “Televisió sense fronteres”, avalada por más de 650.000 firmas, que promueve la reciprocidad de emisión de TV3 y Canal 9 en el País Valencià y Catalunya, respectivamente; y, por último, la reimplantación del impuesto sobre patrimonio que el gobierno de Zapatero ha impulsado a instancias del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Estos tres puntos, al cabo, resultaron los personajes circunstanciales que transitaron por el escenario principal, que no fue otro que el pacto de gobierno entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP). Joan Ridao se mostró extremadamente severo e implacable con el acuerdo entre las derechas catalana y española. “Gracias a CiU, el PP ha dejado de ser un partido excéntrico para pasar a ocupar el epicentro de la política catalana”, se lamentó Ridao.
Tras mencionar cómo este nuevo curso escolar debe hacer frente al tijeretazo presupuestario del 10%, Ridao se centró en la cuestión de la inmersión lingüística y en la voluntad uniformizadora que, según ERC, el PP pretende implantar en Catalunya. “Lo que aquí está en juego no es si la derecha española puede tolerar que el Parlament apruebe una ley que garantice que el catalán es la lengua vehicular, sino el modelo de Estado. Es un problema de mentalidad supremacista de la lengua”, aseveró Ridao, para quien el Partido Popular considera que “hay lenguas que sirven para ir por el mundo, como el castellano, y otras lenguas que son para estar en casa, en zapatillas y con el albornoz puesto”. Según el secretario general de ERC, el PP busca la división de Catalunya en dos comunidades, con el afán último de castellanizarla, “que es lo que llevan pretendiendo desde hace 300 años”.
“La única forma de compensar el desequilibro de las cuentas públicas no puede ser únicamente los recortes en gasto social. También es necesario ver el capítulo de ingresos. Se trata de ser austeros en el gasto, pero también de aumentar los ingresos”. En este sentido, Ridao recordó que la presión fiscal española se sitúa en el 31%, unos diez puntos por debajo de la media europea. Joan Ridao sitúo en el centro de la diana recaudatoria a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades y del IRPF a los profesionales con grandes beneficios, denunciando además el 23% del PIB que se calcula que representa el fraude fiscal. “Y sobretodo hemos de atacar a las grandes fortunas y patrimonios, porque el sistema fiscal español recae básicamente sobre los hombros de los pequeños ahorradores, los pensionistas y asalariados, que concretamente pagan el 38% de los impuestos, mientras que las rentas no llegan al 20%”. Y concluyó: “Es el mundo al revés”. Para Joan Ridao, la supresión del impuesto sobre el Patrimonio fue un error, pero alerta sobre las intenciones del PSOE en la propuesta de volver a implantarlo: “Se pretende estatalizar este impuesto. Rubalcaba propone restituir el impuesto sobre patrimonio, pero resulta que éste es un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas. Y Rubalcaba busca quedarse con el impuesto y, sobretodo, con la recaudación”. Al llegar a esta cuestión, Ridao volvió sobre CiU y su acuerdo de estabilidad con el PP, al manifestar que si bien Duran i Lleida no apoya el impuesto sobre Patrimonio “porque defiende los intereses de las rentas altas y de los más ricos”, al menos el portavoz de CiU en el Congreso debería dar un paso adelante para reclamar que el impuesto sobre patrimonio continúe transferido al 100% a las comunidades autónomas.
