El anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez fija un tope: de 50 años prorrogables 10 años más. Es decir, la información reservada fechada en 1978 podría ver la luz en 2028. O no ser desclasificada hasta 2038. Este nuevo margen significaría que responsables de acciones de dudosa legalidad, seguramente, fallezcan sin ser juzgados.
Peor aún en el caso del golpe del 23-F de 1981 o con las causas de los GAL, porque el primer asesinato, el de Lasa y Zabala, tuvo lugar en octubre de 1983 y el plan ZEN fue activado en febrero de 1983. ¿Le pondremos nombre oficialmente al ‘Señor X’? ¿Cuál fue el verdadero papel de la Corona en el golpe de Tejero? ¿Qué ocurría en las mazmorras del estado durante los años de plomo en Euskadi? ¿Y luego? ¿Ordenó Juan Carlos el asesinato de Sandra Mozarowsky? ¿Y el de Bárbara Rey? ¿Cuánto le pagaron a la susodicha por su silencio? ¿Desde cuándo el CNI espía los teléfonos de activistas independentistas o de la izquierda insurrecta? ¿Qué hacen con la información que obtienen? ¿Extorsionan?…
Otro punto destacado del texto es que entrega al Ministerio de la Presidencia el control de los secretos, que hasta ahora estaba en manos del CNI, es decir, del Ministerio de Defensa. De esta forma, el departamento que dirige Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta ahora tenía el ministerio que encabeza Margarita Robles.
Cuatro categorías de secretos
La norma se denominará Ley de Información Clasificada y establece cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, que se fijarán en función de la “gravedad del daño para los intereses de España” (extraordinariamente graves, graves, perjudiciales o desfavorables). Se trata de una división en similar a la que marcan los socios de la Unión Europea y la OTAN.
La información más sensible, que se considera que puede causar un daño extraordinariamente grave a los intereses de España, está clasificada como alto secreto y no puede desvelarse hasta dentro de 50 años, como mínimo.
Los casos secretos son los que se cree que pueden dañar gravemente al país; confidenciales, los que pueden perjudicarle; y los restringidos, que ofrecen información desfavorable.
Los plazos de desclasificación van desde los 4 a los 50 años, en función de la categoría, aunque podrá prorrogarse en algunos casos. Los documentos clasificados como alto secreto estarán clasificados durante 50 años, aunque podrá prorrogarse durante otros 15 años.
Los calificados como secretos tienen un plazo de 40 años y una posible prórroga de 10 años más. Los confidenciales se clasificarán entre 7 y 10 años y los restringidos, entre 4 y 6. Los plazos serán revisables en cualquier momento por la misma autoridad que los haya clasificado.
Socios descontentos
La nueva ocurrencia de Sánchez ya ha generado sus primeras polémicas encolerizando a los socios del Gobierno que no han tenido reparo en mostrar públicamente sus discrepancias.
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que es «decepcionante» porque los plazos para la desclasificación de documentos son «exageradamente largos».
Bildu ha emitido un comunicado en el que aseguran que «el Gobierno debe rectificar esta propuesta y plantear una reforma que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy. La impunidad debe terminar».
En Unidas Podemos tampoco ha gustado lo que se ha conocido sobre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada. «Ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer», ha señalado en redes sociales el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens. Mientras, el diputado en el Congreso, Antón Gómez Reino, ha tildado de «inaceptable» el texto articulado por el PSOE. «Hay quien no quiere que se ponga luz sobre la Omertà», ha lamentado.
