Después de unos meses de marear la perdiz, de negociaciones, avisos, reproches, cesiones, idas y vueltas, este jueves al mediodía Mas anunció solemnemente y con alegría contenida que ya existía pregunta y fecha para la consulta. El día en el que se celebrará el 25 aniversario
Después de unos meses de marear la perdiz, de negociaciones, avisos, reproches, cesiones, idas y vueltas, este jueves al mediodía Mas anunció solemnemente y con alegría contenida que ya existía pregunta y fecha para la consulta. El día en el que se celebrará el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del 2014 –casi dos meses después del referéndum en Escocia, fijado para el 18 de septiembre– los catalanes están citados para contestar dos preguntas: “¿Quieres que Catalunya sea un Estado”. “Y, en caso de responder afirmativamente, ¿quieres que Catalunya sea un estado independiente?”.
Una gran diferencia respecto el proceso escocés, cuya interrogación es inequívoca: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. El otro matiz es de talante democrático: mientras Londres y Edimburgo han pactado la consulta (Cameron hará campaña por el no pero la autoriza) el PP ya ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de llevarla a cabo.
Descartada la opción de unas elecciones plebiscitarias (que, según las encuestas, hubieran invertido la jerarquía, con ERC en la Generalitat y CiU de socio), el president del Govern se afanó por conseguir y escenificar el consenso con los líderes de las cuatro formaciones partidarias del derecho a decidir: CiU, su socio, ERC, ICV-EUiA y la CUP. Fuera quedaba el PSC, que continúa defendiendo una consulta “legal y pactada” con el Estado y el unionismo representado por PP y C’s.
Entre los votantes de ERC, flotaba una sensación agridulce: por un lado, se había concretado fecha y pregunta pero por el otro, la interrogación es doble, como si tuvieran miedo a preguntar clara y abiertamente por una Catalunya en una sola frase al estilo escocés. Ese carácter inclusivo se puede interpretar como una concesión a ICV-EUiA y a UDC y también como una rendija abierta a la futura adhesión de los socialistas, teniendo en cuenta que sus militantes y simpatizantes podrían responder un SÍ-NO, descartando la independencia pero aceptando un Estado, en su caso federal.
A priori, y comparando las manifestaciones de la Diada (más de un millón y medio) con las del 6 del octubre (según el autor de los cálculos oscilan entre 20.000 y 160.000) y las organizadas en defensa de la Constitución, el soberanismo parte con una amplia ventaja pero los indecisos, la mayoría silenciosa, desequilibrará la balanza.
“Satisfacción y emoción” en CiU
Se palpaban buenas vibraciones en el bando convergente. Jordi Turull, presidente de CiU en el Parlament y miembro de la ejecutiva de CDC, destacaba “el liderazgo de Mas” y agradecía “la altura de miras de todos los partidos políticos, de las que nos sentimos orgullosos”. Según Turull, el 9 de noviembre del 2014 tiene que ser “un estallido de democracia y libertad e invitamos todo el pueblo de Catalunya a sentirse protagonista”.
Por su parte, Ramon Espadaler, presidente del Consell Nacional de UDC, enumeró las cuatro razones que les provocan satisfacción: “damos salida al anhelo del pueblo de Catalunya, satisfacción por haber sido capaces de consensuar una pregunta que sea clara e inclusiva demostrando que no eran conceptos antagónicos, satisfacción por el liderazgo de Mas y porque hemos puesto por delante aquello que nos une”. Espadaler está convencido que después del pacto “hay motivos para la autoconfianza como país y también en nuestras instituciones”.
En las filas de ERC, satisfacción por haber incluido la palabra ‘independencia’, aunque sea como un adjetivo y como coletilla final a la segunda pregunta. “No es la pregunta que queríamos pero acoge un consenso muy amplio y permite a la ciudadanía expresarse con total libertad”, explica Junqueras. El líder de ERC cede el protagonismo al pueblo. “Lo más importante es que los ciudadanos de Catalunya podrán votar sobre el futuro de nuestro país y se trataba de eso, de poner el futuro de Catalunya en manos de sus ciudadanos”. Sin tiempo para celebraciones, los republicanos han convocado este sábado el acto “Votar és la via”, un guiño-homenaje a la Vía Catalana en el Auditori Fòrum de Barcelona con el lema Tots per un #NouPaís y personajes relevantes de la cultura y sociedad catalanas como el filólogo y escritor Màrius Serra, el actor Juanjo Puigcorbé o el músico Pep Sala.
Unión contra los inmovilistas
En cuanto a ICV-EUiA, Joan Herrera, que en algunas ocasiones se había quejado que Mas quería liderar el proceso de manera hegemónica y mesiánica, ha remarcado que se trata de una pregunta “inclusiva que permite incorporar los que no queríamos continuar como hasta ahora y tiene el elemento de claridad que nosotros reclamábamos”. El coordinador nacional de los ecosocialistas catalanes piensa que la doble pregunta permitirá “un sí mayoritario“ que sume independentistas y federalistas en un acuerdo “con una mayoría parlamentaria y social amplísima que permitirá doblegar a los inmovilistas. Es un buen acuerdo para una gran mayoría”. Para Herrera lo más importante es que se ha pactado “una pregunta de ruptura que expresa un momento constituyente. Está a punto de empezar un proceso para romper el status quo y durante el camino acabaremos de decidir si somos federales, confederales o independientes pero desde la soberanía para decidir nuestro futuro”, para que la relación con España sea “de igual a igual”.
El líder de ICV-EUiA ha vuelto a poner el acento en la necesidad de que la transición nacional se haga en paralelo a la social. “Debemos decidir qué estado queremos y las reglas de juego, no sólo en las relaciones con España sino para decidir el modelo fiscal, energético y de relaciones laborales, si queremos un país en manos privadas o dentro de la lógica de lo que es público”.
Por lo que se refiere a la CUP, Quim Arrufat admitía que éste era “el máximo acuerdo al que seguramente podíamos llegar”, lamentaba que la pregunta no fuera unívoca y recordaba que se reservan el derecho de buscar la ratificación de la sociedad para ver si es la pregunta que se quería. Arrufat ha subrayado que la CUP hubiera rechazado la pregunta si el referéndum hubiera sido “pactado y acordado” con España y ha proclamado que el hecho de que incluya la palabra ‘independiente’ supone “el mayor conflicto político que ha tenido sobre la mesa el estado español”.
En un comunicado de este viernes, la CUP considera que establecer una fecha “ya es un paso adelante” y recuerda que el pueblo debe ser “el garante de todo el proceso, ya que hemos llegado a este punto gracias a la organización y movilización de la gente”. Según la CUP la pregunta formulada parece “orientada a facilitar una negociación y el pacto con el estado, hace doblemente más difícil la independencia y está orientada a dividir y despistar el independentismo”. Hasta el próximo 9 de noviembre la CUP entiende que deberá luchar en dos frentes: “conseguir la consulta con o sin el permiso del estado y que el resultado sea a favor de la independencia”. En este sentido, insta al Govern, a los partidos favorables a la consulta y al conjunto de la sociedad catalana a empezar a organizar la celebración de la consulta “independientemente del permiso del Estado, que ya ha anunciado su oposición”. El 21 de de diciembre la CUP decidirá su posicionamiento en relación al anuncio de Mas.
Por su parte, la principal impulsora del auge independentista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha recibido con agrado la decisión junto con Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Según Carme Forcadell, la pregunta incluye el término ‘independencia’ y se celebrará en 2014, dos condiciones que la entidad consideraba “irrenunciables”. Aunque reconoce que hubiera preferido una pregunta “más sencilla y clara”, ha recalcado que el 9 de noviembre del 2014 “será el símbolo de nuestra libertad” y ha prometido que la entidad que preside trabajará “por el sí y el sí”. La valoración final la realizará este sábado en el marco del Secretariado Nacional.
Navarro reparte críticas
En medio de una lucha interna y con una propuesta federal abstracta y sin arraigo (la defienden un 20% de los votantes del PSOE), el PSC ha vuelto a poner un pie en cada lado, con un Pere Navarro que criticaba la decisión de la consulta y al mismo tiempo censuraba la cerrazón del PP. “La formulación de la pregunta encadenada y el anuncio de una fecha constituyen una acción unilateral condenada al fracaso porque no es fruto de una negociación e imposibilita cualquier diálogo al respecto. La pregunta es confusa y no inclusiva, no hay la propuesta federal”.
El primer secretario de los socialistas catalanes continúa reivindicando una hoja de ruta paso a paso similar a la que se ha producido entre Escocia y el Reino Unido: acuerdo entre gobiernos, de la que debe surgir la pregunta, fecha y mecanismo jurídico-legal para celebrarla. “Sin acuerdo no hay consulta y sin diálogo entre gobiernos no hay solución”, apostilla Navarro, que también ha enviado un recado al ejecutivo de Rajoy. “Ha hecho lo que parece que deseaban los partidos que han llegado a este acuerdo: el portazo y lo que debe hacer es plantear una alternativa que los socialistas sí tenemos, una reforma de la Constitución y un modelo federal”.
Navarro exige a Rajoy valentía en vez de “hacer oídos sordos a una crisis democrática que también es una crisis territorial. Hacen falta espacios de diálogo para llegar a acuerdos, no amenazas”.
El unionismo, escandalizado
Tal y como se preveía, el nacionalismo español se ha rasgado las vestiduras ante el acuerdo. El ministro Gallardón ya avisaba tajantemente que la consulta no se realizará nunca “porque es ilegal” y recordaba que la soberanía nacional reside en todos los españoles. Alicia Sánchez Camacho ha sido muy contundente. “Los que buscan el conflicto con la democracia que hemos decidido todos los españoles tendrán la respuesta firme desde el estado democrático de derecho. No aceptaremos chantajes ni órdagos sobre la soberanía nacional y trabajaremos para garantizar la unidad, la convivencia y la cohesión”.
La líder popular catalana ha acusado Mas de “saber que miente porque no habrá consulta, y eso es una grave irresponsabilidad” y ha recordado que la autodeterminación -un derecho internacional público recogido en la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU- “no existe en el ordenamiento jurídico de ningún estado moderno”.
Camacho ha llegado a criminalizar el pacto, al considerar Unió e ICV “cómplices necesarios para el plan independentista de Mas y Junqueras mientras que Duran Lleida se ha quitado de la foto pero ha dado su apoyo a un referéndum para la separación de España”. Según ella, CiU y ERC han alentado “la hispanofobia, la propaganda y el odio contra el resto de España hasta límites vergonzosos para preparar este escenario: la ruptura de la legalidad democrática y la confrontación”. Además, ha revelado que en realidad sólo existe una pregunta: ‘¿Quieren que Cataluña se separe de España’?
Finalmente, ha focalizado su indignación en Mas, al que vaticina que pasará a la historia como el presidente “que sacrificó Catalunya y los catalanes por intereses personales. Deberá gestionar la frustración que él mismo ha provocado. No tiene ni los dos tercios de diputados para reformar el Estatut de Autonomía y quiere romper la Constitución española. La soberbia a veces ciega la razón pero las leyes democráticas volverán a Mas a la realidad”. Amparándose en la mayoría absoluta del PP y en la visión españolista que comparte con el PSOE, Camacho le ha emplazado “a aceptar la decisión de la mayoría parlamentaria del Congreso, si Mas es demócrata”.
La presidenta del PPC también ha anunciado que están estudiando la posibilidad de llevar al Consejo de Garantías Estatutarias la ley de medidas y los presupuestos para el 2014 por incluir una partida de 5 millones de euros “para una consulta ilegal. Esta partida no está de acuerdo ni con la Constitución ni con el Estatut”. El presidente del PP en el municipio de Terrassa, el abogado Gabriel Turmo, llegó a definir el jueves como “el día más negro de la historia de Catalunya”. Como si fuera Puerto Urraco o el crimen de los Urquijo.
Más nubarrones y tinieblas ha pronosticado Albert Rivera, en un augurio catastrófico al que sólo le faltaban las plagas bíblicas. “La consulta es el fin de la carrera política de Mas, lo convertirá en el Ibarretxe catalán y a CiU en la UCD catalana”. El alma mater de Ciutadans también se ha escudado en el artículo 1 de la Carta Magna, catalogando Artur Mas de “irresponsable y de fracturar a la sociedad catalana dividiéndola en dos. Nos está engañando, sabe que la consulta no ser hará porque Catalunya no tiene las competencias necesarias para hacerla, porque sólo las Cortes pueden convocar un referéndum. Mas nos está llevando a un callejón sin salida”. Y le ha retado a clarificar “si tiene un plan B oculto” y si el 9 de noviembre del 2014 “es la fecha de unas elecciones anticipadas en Catalunya”.
Ante este contexto, ha pedido determinación a Rajoy y la construcción de una alternativa en la misma línea de Navarro. “Que no sólo se niegue a un referéndum y defienda la Constitución sino que debemos defender un plan conjunto de vertebración de España, un proyecto común atractivo para todos los españoles y los catalanes que queremos seguir siendo parte de este país”.
Rivera ha aprovechado la ocasión para mezclar el anuncio de la pregunta y la fecha con la situación económica, “con una Catalunya que tiene más de 60.000 millones de deuda con un rescate financiera, casos de corrupción abiertos, problemas en partidos políticos sin abordar y niveles importantes de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones”.
UPyD, sin representación en Catalunya, ya se abona al delirio de Aznar y plantea sin complejos recuperar las penas de prisión para aquellos que convoquen consultas ilegales.
Sea como sea, queda casi un año para la fecha prevista. Si el gobierno español se mantiene en sus trece y, como se prevé, no otorga el permiso (no transfiere la competencia), el cuarteto formado por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP deberá encontrar otra vía jurídica para llevar a cabo el referéndum. Si la encuentran y la hacen pública con antelación, entonces empezará una guerra sucia de deslegitimación por parte del Estado, como ya sucedió en las últimas elecciones catalanas con un falso informe publicado por El Mundo que, si bien no consiguió arrebatar la victoria a Mas, sí la restó un buen puñado de votos y condicionó de manera sustancial su estrategia soberanista. Y en el aire, el papel de la Unión Europa, habitualmente indiferente a cuestiones que considera internas y propias de los estados miembros y que todavía no ha clarificado si su apuesta es convertir el viejo continente en una unión de estados o en una alianza de pueblos y regiones.
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