Laura Gómez y Eva Sánchez, miembros del sindicato CGT, esperan juicio tras ser acusadas de desórdenes y daños en la huelga general el 29-M del 2012. Nunca la quema de una caja de cartón mereció tanto rigor por parte de nuestra sesuda judicatura.
La era del ERE y el ERO precisa de colaboradores necesarios entre las organizaciones de trabajadores (es decir, entre todas las siglas que se reivindican como tales). Pero la infamia también cuenta con verdaderos opositores, que son blanco de la represión ejercida por el gobierno ppoppular a instancias de su sosias político, la gran patronal. Buen ejemplo de esta situación son Eva Sánchez y Laura Gómez, miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) que permanecen a la espera de juicio, acusadas de desórdenes durante la huelga general de 2012.
Sabido es que la Confederación General de Trabajo (CGT) se opone a los ERE y todos aquellos planes que los diferentes gobiernos han impuesto y que están suponiendo un retroceso en los derechos de los trabajadores. La participación en las elecciones sindicales y en los comités de empresa no son una finalidad para CGT, sino un medio para que la central no quede relegada; su modelo de actuación no pasa por la creación de estructuras que fosilicen la acción sindical, sino que aspira a establecer una organización asamblearia y participativa en todos los centros de trabajo. En esa tarea lucha contra un doble contrincante: la propiedad empresarial, socorrida por las grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), proclives estas últimas a la burocratización del sistema representativo (con la aquiescencia, resulta triste decirlo, de la mayoría de los trabajadores, centrados en sus circunstancias personales y desentendidos por completo de los intereses comunes). “CC OO y UGT hacen de parachoques entre la empresa y los empleados con la excusa del diálogo y las buenas maneras. No hacen sindicalismo, sino gestiones y amiguismo”, denuncia Laura antes de reseñar que en 38 años ha desaparecido o se ha fosilizado toda la lucha sindical de los 38 años anteriores. Y Eva pone la guinda del pastel: “Mientras que el gobierno te mete la Ley Mordaza, los grandes sindicatos aceptan que los sueldos queden desligados del Índice de Precios al Consumo (IPC)”.
El gobierno del Partido Popular (PP) encabezado por Mariano Rajoy ha destacado tanto en su intención de empobrecer a las clases trabajadoras, a través de distintas vías económicas y administrativas, como en su empeño político de sometimiento de cualquier foco de protesta ante su política clasista. Este último propósito, que parece haber alcanzado la categoría de obsesión para el ejecutivo, tiene su cúspide (???) en la recientemente aprobada Ley Mordaza, pero con anterioridad ya se había manifestado de modo nítido en la actuación de las fuerzas policiales desde que los ppoppulares llegaron a la Moncloa. Por supuesto, la correa de transmisión política y económica del gobierno en Catalunya, la administración autonómica dirigida por la difunta Convergència i Unió (CiU) y el Molt Honorable Artur Mas, ha contribuido eficazmente a los planes gubernamentales, tanto desde el ámbito económico —Mas ha demostrado ser un avezado sastre de los recortes— como político-represivo, puesto que su brazo armado, los Mossos d’Esquadra, se han distinguido por sus usos y abusos en el cuadro de honor de las fuerzas policiales españolas.
Ni qué decir tiene que ningún gobierno va a ilegalizar a los sindicatos, instrumentos muy útiles para el buen curso de las relaciones laborales. UGT y CC OO, y viceversa, son ejemplos de convivencia y connivencia en paz y armonía con el statu quo y forman parte del sistema de congelación de las luchas sindicales. No hay más que ver, señala Eva, “esas reuniones de hotel entre empresarios y sindicatos mayoritarios, de las que salen las propuestas conjuntas que luego nos encontramos en la mesa negociadora los sindicalistas de CGT”. Por supuesto, otro cantar es la coerción ejercida sobre los activistas y protagonistas de la acción sindical verdaderamente reivindicativa.
Performanceante la Bolsa de Barcelona
No es necesaria una ley clara y directamente represiva de la acción sindical cuando existen ya tantos resortes de constricción contra dicha actividad; por ejemplo, los muchos mecanismos encubiertos para despedir a quien pretenda crear un comité en una pequeña empresa o decida participar en una huelga. Pero surge la duda acerca de si legislar contra la protesta pública, caso de la reciente Ley Mordaza, a la postre no representa sino una inmensa torpeza política. Eva sostiene que la represión está condenada al fracaso, más tarde o más temprano: “La gente estaba perdiendo progresivamente el miedo, por eso han promulgado una ley así, para atemorizar de nuevo”. Una ley, por cierto, que tiene la desfachatez de identificar el sindicalismo radical —por así llamarlo— con el terrorismo. “Temen la generalización de prácticas como el escrache, las ocupaciones, etc.”, apunta Laura, y prosigue: “Cuando se nos asignaba un carácter residual no nos tenían miedo, pero les preocupa ver que se incrementa nuestra capacidad de convocatoria”, aserto que Eva respalda con datos: “En la huelga general del 20 de junio de 2002, el principal piquete informativo de CGT en Barcelona tuvo más de dos mil personas, toda una manifestación que desde Portal de l’Àngel-Plaça Catalunya bajó por las Ramblas y Plaça de Sant Jaume, y acabó en Via Laietana. Fue la primera vez que en Barcelona se convocaba un piquete central que realizó un recorrido por el centro de la ciudad, y desde esa fecha las convocatorias que realizamos cuentan con un amplio apoyo social y sindical”.
Entre bromas, recuerdan ambas que los fotógrafos se acercaban los sindicalistas para preguntarles: “Bueno, ¿y cuándo la vais a liar?”. Y las dos se lamentan de que es habitual que los actos de los grandes sindicatos tengan amplia cobertura en prensa, mientras que los de CGT solo aparecen en los medios cuando hay incidentes.
Del mismo modo que el león no es tan fiero como lo pintan, a veces los consabidos incidentes tampoco lo son tanto, aunque se pretenda magnificarlos con fines perversos. En tales casos ocurre, como tantas otras veces, que importa más lo esperado que lo ciertamente acaecido. Así ocurrió ante la Bolsa de Barcelona, el 29 de marzo de 2012, jornada de huelga general.
A las doce del mediodía, los piquetes de CGT confluían en la Plaça de Catalunya, junto con otros grupos alternativos, movimientos sociales, barriales, etc. La asistencia fue impresionante, unas 10.000 personas que enfilaron el Passeig de Gràcia para proseguir con su recorrido reivindicativo. Al principio del paseo se encuentra la sede de la Bolsa de Barcelona, símbolo de la especulación que los sindicalistas no podían pasar por alto. Frente a la entrada del inmueble —cerrada a cal y canto y protegida en su interior por los Mossos d’Esquadra— se improvisó un acto de protesta, “porque una imagen vale más que mil palabras”, asegura Laura. Una acción inocua, valga decir, pues ninguna persona sufrió daños ni estuvo en peligro. “Nosotros mismos nos cercioramos de que la Bolsa estaba cerrada. Eva puso una cinta de plástico blanca y roja en la puerta, para dar colorido a la performance. Había mossos dentro y fuera, además de cámaras de seguridad y la prensa. Íbamos a cara descubierta porque no habíanada que temer. Era un acto reivindicativo de CGT y no teníamos ningún inconveniente en que se nos pudiera identificar”. Llevaban consigo una caja de cartón llena de papeles, con consignas escritas en su exterior. Prosigue Laura: “Pusimos la caja delante de la puerta, pero apartada de ella, y le prendimos fuego tras comprobar que nadie podía resultar lastimado. Esa fue la acción, ni más ni menos. Por supuesto, hubo gritos reivindicativos y algunas personas tiraron más papeles al fuego. Todo duró algunos minutos y después seguimos nuestro camino”.
Detención… y fuga
Concluyó la jornada de huelga general y nuestras dos entrevistadas se reincorporaron a sus respectivos trabajos con toda normalidad. Así transcurría la cotidianidad hasta el 24 de abril de 2012, casi un mes después de la huelga, cuando Laura Gómez, que se dirigía a su trabajo, fue detenida en plena calle por los Mossos d’Esquadra. Le esperaban 24 días de cárcel bajo la acusación de incendio, coacciones, delito contra las libertades de los trabajadores, desordenes públicos, manifestación ilegal (no comunicada) y otros cargos rocambolescos —más allá del drama personal, las acusaciones parecían fruto del humor negro de algún fiscal insomne, preso de sus obsesiones— que sumaban una petición de 31 años de cárcel. Según el atestado policial, Eva y Laura formaban parte de un grupo organizado para instaurar el terror en la ciudad de Barcelona. En fin, que hay queríamos llegar: terrorismo puro y duro, ¿puede haber algo peor ante la limpia conciencia de las gentes de bien y el miedo de cualquier ciudadano de a pie?
Pero, ¿cómo puede entender la policía que quemar una caja con papeles compromete la seguridad ciudadana y de las personas? Y qué decir de la fiscal: pidió prisión sin fianza por quemar una caja, cuando hay acusados de homicidio que se benefician sin problemas del pago de esta diezmo. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad de la justicia? .Por no hablar del excelente trato que suelen recibir los chorizos de guante blanco.
Según la Ley de enjuiciamiento criminal, la petición de prisión sin fianza responde a tres causas: la posibilidad de que el acusado destruya pruebas, la carencia de apego (cuando no se tiene domicilio, trabajo o familia) y el riesgo de fuga. Ninguno de los tres supuestos encajaba con Laura, por lo que hay serias sospechas de que la fiscal incumplía la propia ley. Además, el ministerio público alegó que pedía la encarcelación para evitar la reincidencia; es decir, que aparte de sus amplios conocimientos jurídicos —los cuales se le suponen, a pesar de lo señalado anteriormente con respecto a la ley de enjuiciamiento— la fiscal también poseía el don de la profecía, o así lo creía ella. Posteriormente, la instrucción judicial redujo los cargos a dos: alteración del orden público y daños con agravante de incendio… Acusación que sigue siendo ridícula, a tenor de los hechos. La petición inicial de unos 30 años se redujo a dos años y medio.
El mismo día en que fue detenida Laura, el timbre sonó a las siete de la mañana en casa de Eva, pero nadie les abrió la puerta. Ella ya se había ido a trabajar. Pronto le llegó la noticia de la detención de Laura, por lo que se dirigió a la comisaría de Les Corts con el resto de compañeros de CGT. En esos momentos desconocía que ella también tenía cargos en el atestado policial, de los cual se enteró al día siguiente, en la puerta de los juzgados. En el sindicato optaron por sacarla de la ciudad; desconectó su móvil y estuvo acompañada en todo momento por compañeros de CGT. Sus entradas y salidas de los locales de la central, o de otros sitios donde estuviera, siempre se hacían en coche, rápidamente y con la compañía de varios afiliados. Dormía fuera de casa y en días no acudió al trabajo. Pero no podía desaparecer, había que preparar la estrategia ante el encarcelamiento de Laura, que era la mayor preocupación entre los militantes de CGT de Barcelona. Finalmente, el 2 de mayo de 2012 decidió recuperar la normalidad, acudiendo al trabajo y durmiendo en casa.
El 31 de mayo, mientras Eva, Laura y otros miembros de CGT escuchaban en el Parlament de Catalunya la comparecencia del conseller d’Interior Felip Puig y el director general de los Mossos d’Esquadra, Manel Prats, sobre la huelga general del 29 de marzo del mismo año, Eva recibió en su móvil una llamada telefónica de la policía autonómica. ¿Cómo consiguieron su número? El mensaje: debía pasar en cualquier momento del día por comisaría, a fin de recoger una citación para declarar ante la jueza del caso. Realizado el trámite, tras la declaración quedó en libertad con cargos.
Cara y cruz de la prisión
La CGT inició desde el mismo día de la detención de Laura todo tipo de gestiones para conseguir su liberación. Eva recuerda que “la solidaridad recibida tanto por parte de toda la CGT en todos los lugares, como de diversos movimientos sociales fue importante. Hablamos en la Plaça Catalunya en los actos del 15-M y se recogieron miles de firmas pidiendo su libertad. Cuando se ocupó Catalunya Radio también se pidió su libertad. Es muy importante la solidaridad entre diversas organizaciones cuando los aparatos represivos nos golpean. También se realizaron concentraciones en ciudades de varios países”.
A pesar de que la cárcel es mal trago para cualquiera, Laura considera que fue “una experiencia positiva” y que “lo pasaron peor ellos que yo”, en referencia a sus compañeros y compañeras de CGT. Por supuesto, no estuvo exenta de pesares, pues “me preocupaban mi familia y Eva”. La mayor parte de su reclusión tuvo lugar en la cárcel barcelonesa de Wad-Ras, a un paso de la que fuera Villa Olímpica de los Juegos de 1992. “Valga decir que estuve en la enfermería, donde la vida es más fácil que en módulo; solo compartía la celda con una compañera, cuando en el módulo son siete. El ambiente era tranquilo, casi todas las internas estaban en régimen preventivo”.
Otra cosa fueron los cinco días que pasó Laura en la prisión de Can Brians (en Sant Esteve Sesrovires, a unos 35 km de Barcelona), adonde fue trasladada por sorpresa. El día anterior, su abogado le había confirmado que en esa jornada podría recibir la visita de su familia, “pero de repente me metieron en un furgón, sin darme razón de adónde íbamos. Se acercaba el Primero de Mayo y querían alejarme de Barcelona, para que mi organización no viniera a manifestarse ante la prisión”. En Can Brians estuvo incomunicada, “lo que fue una suerte, porque el ambiente era muy distinto a Wad-Ras, algo insoportable: se oían gritos, peleas…”. Un ejemplo más de la violación de los derechos de los presos en las cárceles, en este caso un traslado arbitrario y cuasisecreto antes de un encuentro autorizado con la familia. Como bien reflexiona Laura, “se dispone del recluso a capricho de no se sabe quién y con qué fines”.
La presión sindical y de otras organizaciones civiles fue valiosa para que Laura pudiera ser devuelta a Wad-Ras, cuya enfermería no abandonó ya hasta salir en libertad. Sin esta movilización podría haber ocurrido como con los dos estudiantes detenidos también en la huelga general de 2012, que pasaron en módulos su tiempo de prisión.
Pobreza y violencia simbólica
“En cuanto a las presas, puede decirse que hay de todo”, comenta Laura. “Algunas son muy buena gente, que en seguida te dan los consejos necesarios para llevar mejor la vida en prisión. Mi caso les sorprendía mucho: ¿Tú eres la terrorista esa que sale por la tele?, decían. Me hacían bromas y me he reído mucho con ellas.” Por supuesto, la estancia en prisión muestra de modo palmario las diferencias de clase que no solo dificultan la supervivencia cotidiana de muchísimas personas, sino que aherrojan en las cárceles a tantos miembros de los estratos más humildes de la sociedad. “Hay gente allí que lleva meses recluida y no tiene ni abogado. El nivel cultural es ínfimo, carecen de la mínima formación.”
Añadida a la propia represión material que supone el hecho de verse encerrado en una cárcel, el poder represor ejerce una violencia simbólica, por la cual el recluso debe de asumir que es malo. Si de la primera violencia se encargan las fuerzas del orden público, la segunda corre a cargo de profesionales de la psicología y la medicina, quienes pretenden imponer su autoritas moral al preso. Para hacer más cómoda su estancia en la cárcel y con ello hacer al preso más dócil frente a la autoridad y el régimen de la prisión, el interno debe admitir que su reclusión es justa, proporcionada a sus faltas; se trata de un arrepentimiento de tintes religioso, humillante, que no pretende buscar la verdad social oculta tras el delito sino anular a quien se ha comportado de modo improductivo para el sistema. El recluso-tipo, dadas sus carencias de formación, es más susceptible de caer este tipo de contrición. Pero cuando ingresa en prisión alguien que no encaja en este esquema, porque no ha hecho nada que objetivamente le parezca punible ni se reconoce subjetivamente como culpable de nada, por fuerza despierta la curiosidad de los presos y redobla la atención de los profesionales: “El psicólogo y el médico me decían que cuanto antes me adaptara, mejor para mí. Yo les respondía que no pensaba adaptarme, que ese no era mi sitio”. ¿Y qué querían decir adaptarse?: “Asumir cuanto antes la condición de presa, apuntarme a las actividades de la prisión, renunciar a las propias ideas”. Sin embargo, proseguía el acoso constante para provocar un sentimiento de culpa que jamás invadió a Laura. Por el contrario, su mejor forma de sobrellevar la reclusión fue la ayuda prestada a sus compañeras presas en el estudio del inglés, las matemáticas y otras materias, o ayudandoles ha hacer escritos a las diversas instancias penitenciarias.
La pantomima de una acusación
Laura y Eva creen que las acusaciones que pesan sobre ambas son fruto de un plan premeditado del gobierno de la Generalitat encabezado por Artur Mas, pues el ejecutivo autonómico aseguró que iba a reprimir con firmeza las protestas laborales y sociales alentadas por la crisis económica y su política de recortes del presupuesto social.
Durante la instrucción se realizaron tres peritajes, por parte del juzgado, la compañía de seguros de la Bolsa de Barcelona y la defensa, basados en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del edificio de la Bolsa. La acusación achaca a las encausadas la comisión de daños en el interior del inmueble, cuando todo el episodio tuvo lugar en plena calle y sin que afectara al edificio. También se las acusa de impedir la evacuación de los trabajadores, cuando no hubo necesidad de ello (ningún fuego afectó al inmueble ni este fue atacado o invadido por nadie). La propia grabación rebatía otras acusaciones originales, como la del lanzamiento de piedras con rotura de vidrios (inexistente). El delito en sí, si como tal puede considerársele, no llega ni a la categoría de faltas.
Según Eva, “el problema es que no se juzgan los hechos, sino la intención política de los mismos”. Además, el juicio ha trascendido a las personas implicadas porque la CGT ha sido encausada como responsable civil subsidiario, con lo que se cierra el círculo del juicio ideológico represivo. Nos acusan la Fiscalía, la Generalitat y la compañía de seguros de la Bolsa de Barcelona”. Un juicio político más contra el anarcosindicalismo catalán, vieja historia recurrente de la España y la Catalunya más rancias.
