Desde la plataforma Acció Raval queremos poner en conocimiento el trato recibido el pasado miercoles día 13 de febrero por los representantes de Aliseda (a su vez en representación de Blackstone) que acudieron alrededor de las 9 de la mañana para efectuar el desalojo del local 2 de la calle Riereta nº 1 TER.
El gestor inmobiliario Aliseda, mediante los Mossos d’Esquadra, presenta acusación por delitos de usurpación contra dos vecinas del Raval que habían colaborado en asegurar un exnarcopiso tras una actuación anterior de los Mossos de fecha 30 de octubre de 2019.
Diversas vecinas del barrio tuvieron que encargarse de cerrar puertas y ventanas ya que el día del desalojo de los narcotraficantes, los Mossos contactaron con Aliseda y esta empresa indicó que «no podían enviar a nadie» ese día, añadiendo que lo harían al día siguiente. Los propios Mossos pasaron el teléfono al Presidente de la Comunidad, quien comunicó a Aliseda la necesidad de asegurar el local de manera urgente. Gracias a la ayuda vecinal, incluyendo estas personas acusadas de usurpación, el local pudo asegurarse ese mismo día, evitando la reocupación inmediata por parte de los narcotraficantes.
Es importante informar que Aliseda no envió a nadie al día siguiente ni en los sucesivos. Desde entonces, los intentos de reocupación por delincuentes han sido varias, y solo se han podido frenar con la ayuda vecinal y la de estas personas acusadas de usurpación. En ningún caso Aliseda puso de su parte para impedir la reocupación por los narcotraficantes.
La única intervención de Aliseda ha sido, además del menosprecio y la irresponsabilidad, la imputación judicial de dos vecinas del local colindante que, pese a las amenazas verbales y físicas a las que se han expuesto, no estaban dispuestas a que el local quedara nuevamente vacío y a libre disposición de las mafias.
Este punto de venta ha sido uno de los mas longevos desde que iniciamos la denuncia vecinal contra los narcopisos. El exnarcolocal llevaba funcionando desde el 2015, pasando de mano en mano entre los traficantes y entidades financieras sin que nadie se hiciera cargo.
El verano del 2017, las vecinas de la calle Riereta, hartas de la gran cantidad de narcopisos en este entorno próximo (Riereta 1ter, 3 ,5 y 13 Vistalegre 4, 9 y 14) y de las peleas constantes, amenazas e intimidación, deciden auto organizarse, hacer caceroladas, concentraciones y plantar cara a la problemática por ellas mismas.
Debido a la presión de las protestas, los traficantes abandonaron el local del 1ter, donde pasó a alojarse un vecino del barrio que había sido desahuciado de su vivienda. El 30 de abril de 2019, tras un proceso judicial, la propiedad del local de Riereta 1ter INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA (sociedad relacionada con ALISEDA) que, aparentemente, forma parte del grupo Banco Santander llega a un acuerdo con el vecino que residía en él, de manera que retirará los cargos a cambio de que se marche, propuesta a la que accede.
Tres semanas después de que el local quedara vacío fue nuevamente ocupado por narcotraficantes. Los casi 2 años de tranquilidad que habían conseguido mantener las vecinas quedaban frustrados nuevamente, ante la inacción de la Propiedad. Lo que sigue, como en tantos otros narcopisos, no es nada nuevo: ruidos, amenazas, portales rotos, entradas en viviendas colindantes, etc.
Como se ha explicado anteriormente, después de la actuación de los Mossos del 30 de octubre de 2019, fueron las vecinas quienes tuvieron que encargarse de asegurar el local, ante la incomparecencia de ningún representante de Aliseda. Al marchar los Mossos, el local quedó con la puerta arrancada y sin cerradura.
Fueron las vecinas quienes colocaron nuevamente la puerta, pusieron una cerradura y apuntalaron por el interior para evitar cualquier intento de reocupación por parte de los narcotraficantes. La intención inicial era evitar cualquier problema esa primera noche y recriminarle a Aliseda su inacción al día siguiente.
No hubo tal reproche al día siguiente, ya que no apareció ningún representante de la propiedad hasta pasado un mes. Entretanto, la mañana del 2 de noviembre una ventana apareció rota y abierta, y a pesar de que se llamó a Mossos, estos no llevaron a cabo ningún requerimiento a la propiedad. Fueron las vecinas, nuevamente, quienes se encargaron de asegurar los accesos. Dada la incompetencia certificada de la propiedad y su gestor, Aliseda, se decidió que el local pasará a ser gestionado por vecinas del barrio, y se coloca una pancarta con el texto «Espai Veïnal Alliberat«.
Las propias vecinas se encargaron de vaciar y limpiar el local, el cual estaba en un estado de total insalubridad. El día del desalojo de los narcotraficantes, la juez que asistió tuvo que pedir a un vecino una mesa y una silla para escribir en la calle. Comentó que el interior estaba tan sucio que no había ni un palmo donde ponerse a escribir.
Hasta el día de ayer, se estaba esbozando cómo dar vida a un proyecto comunitario en el barrio, que albergara un taller abierto de carpintería, salas de reuniones, biblioteca, entre otros. En más de una ocasión, tuvieron que efectuar nuevas reparaciones en los accesos, pues los traficantes trataron de recuperar el local repetidas veces.
Finalmente, el pasado miércoles día 13 de febrero, una vez la propiedad había accedido al local por la intervención de Mossos, dos vecinas pidieron sacar el material del taller de carpintería que ya se encontraba en el local, para que quienes habían aportado estos materiales no lo perdieran. En ese momento, los Mossos exigieron la identificación a las vecinas y les entregaron una citación judicial, acusándolas de usurpación. Posteriormente, también identificarán a cuatro vecinas más, quienes habían acudido a ayudar a trasladar el material.
Entendemos que lo sucedido es un acto desproporcionado, ya que la Propiedad ataca a quienes han defendido el inmueble de las ocupaciones de narcotraficantes. Sorprende, además, que las dos veces que el local ha estado ocupado por personas responsables y que no han provocado ningún conflicto, se han desalojado con intervención judicial instada por la Propiedad. En cambio, no tenemos constancia que las tres veces que ha estado ocupado por narcotraficantes la Propiedad haya interpuesto ninguna denuncia.
Exigimos la inmediata retirada de los cargos por usurpación a las vecinas, tememos que lo sucedido pueda afectar a la relación entre el movimiento vecinal, administraciones y cuerpos policiales si este tipo de actuaciones se vuelven habituales.
*Acció Rraval es una plataforma vecinal de denuncia, creada para mejorar la convivencia y el bienestar de todos quienes formamos parte de este barrio.
