Un grupo de 56 personas que vivieron el desalojo de la acampada de Plaça Catalunya el pasado 27 de mayo, presentó ayer una querella criminal colectiva contra el Conseller d’Interior, Felip Puig, y otros altos cargos gubernamentales y policiales. El colectivo “Som 27 M” ha denunciado la violación de derechos por parte del cuerpo de policía de los Mossos d’Esquadra, durante la retirada de la Acampada de “Indignados” de Barcelona. Los hechos concretos de la querella son el uso de la violencia con resultado de lesiones, la confiscación y destroza de objetos, y la violación de derechos elementales para el ejercicio democrático.
Según los querellantes, estos actos son constitutivos de las siguientes infracciones penales: delito de prohibición o disolución de reunión pacífica, delito de detención ilegal, delito de coacciones, delito y falta de amenazas, delito y falta de daños, delito de apropiación indebida, delito de hurto, delito contra la integridad moral, falta de vejaciones injustas, delito de prevaricación, y delito y falta de lesiones.
La acción judicial se dirige contra cargos de los gobiernos autonómico y municipal: el Conseller Puig, responsable de Interior de la Generalitat, y Assumpta Escarp, Tercera Teniente de Alcade y responsable de Prevención, Seguridad y Mobilidad del Ayuntamiento de Barcelona en la fecha de los hechos.
Los querellados de la Policía de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, son: su director, Manel Prat; el Intendente de la Región Metropolitana, Antoni Antolín; el alto Mando de la Brigada Móvil, David Bordas; els subinspector del Area Regional de Recursos Operativos, y los agentes que realizaron el desalojo.
Tras la presentación de la querella en los Juzgados, el colectivo ofreció una rueda de prensa en la sede de la Federació d’Associacions de Vehins i Vehines de Barcelona. La FAVB anunció su apoyo incondicional a los querellantes. Su portavoz definió la actuación de los Mossos el 27 de mayo como generadora de conmoción pública. Además resaltó que no se trata de un episodio aislado, sino de una pauta de comportamiento de la Consellería que, con su utilización abusiva de los recursos de la administración contra el derecho de la ciudadanía a reclamar, está cohartando los derechos civiles: “si esta es la normalidad, nuestra democracia empieza a ser de baja entidad”. En ese sentido hizo referencia a las recientes detenciones en la Ciutat de la Justicia, y reiteró la demanda de cese o dimisión de Felip Puig, a quien comparó con un “sheriff de pueblo fronterero del oeste americano”.
Anaïs Franquesa, abogada de los querellantes, explicó que las denuncias individuales que se han presentado hasta el momento no han prosperado debido a la falta de pruebas. El hecho de de que los agentes fueran sin las preceptivas placas de identificación y, en ocasiones, con el rostro cubierto, ha impedido que las denuncias se admitieran en los juzgados. Por todo ello, la comisión jurídica de la Acampada lleva meses trabajando en la recopilación de pruebas, y en la identificación de hechos constitutivos de infracción, así como de sus posibles responsables, sino directos, indirectos: “era necesario apuntar mejor”.
La abogada destacó también en su intervención la dureza de la situación vivida por las personas afectadas, que fueron retenidas durante más de seis horas sin poder ir al baño, y sin agua, en un día muy caluroso. Y que posteriormente fueron golpeadas al intentar detener, pacíficamente, los camiones de limpieza que se llevaban sus cosas. Según Anaïs Franquesa, los agentes golpeaban a las personas sentadas en el suelo, gente que lloraba y suplicaba, y no tuvieron en cuenta ni la vulnerabilidad o edad de las personas ni, lo que es más grave, a qué parte del cuerpo dirigían los golpes.
Por su parte, los portavoces del grupo “som 27M” leyeron un escrito consensuado en el que denuncian que fueron víctimas de una agresión en respuesta al uso de la libertad de expresión y de la práctica política en las plazas públicas. Así mismo destacaron que se trata de una violencia en distintos niveles: institucional, policial, económica… En el manifiesto se hace referencia también a la desigualdad de trato entre las instituciones i las personas, ya que la fiscalía ha actuado de oficio por los hechos del parlamento, pero no por los de Plaça Catalunya. Por último anuncian que no desisitirán de la lucha por la transformacion social y política.
La última intervención fue la de Ramon Piquer, de la Coordinadora de associaciones contra la tortura, que expuso que de las 100.500 denuncias por torura interpuestas en lo que llevamos de s. XXI, muy pocas son investigadas, y la mayoría son archivadas por falta de pruebas. Denunció la existencia en España de un espacio de impunidad, avalad por las instancias políticas, jurídicas, policiales y mediáticas. Por último solicitó alternativas al uso de la violencia como forma de gestión de la disidencia política, y anunció el apoyo de la Coordinadora a los querellantes.
Tras la rueda de prensa, “los indignados” se dirigieron a la Plaça Sant Jaume, donde se manifestaron pidiendo la dimisión de Felip Puig. Petición que realizaron después oficialmente en la Generalitat, mediante la entrega de las firmas recogidas a tales efectos.
