En nombre de la ANC, Carme Forcadell firmó un acuerdo de colaboración con la campaña que pretende recoger 50.000 firmas para llevar esta iniciativa popular al Parlament y que entre otras cosas propone: Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a las personas sobreendeudadas y deudores de buena fe. Ningún desahucio a familias en ejecución hipotecaría; alquiler social para familias en régimen de alquiler en peligro de desahucio, desahucios por impago de alquileres que han aumentado exponencialmente en estos últimos tiempos; creación de un parque público de viviendas de alquiler estableciendo la obligatoria conversión temporal de los pisos vacíos en manos de los bancos y entidades financieras para poder realojar a las familias desahuciadas. Sólo en Catalunya hay más de 400.000 pisos vacíos, se realizan 50 desahucios diarios y, desde 2008, hay 110.000 ejecuciones hipotecarias. El parque de vivienda social en Catalunya no supera las 30.000, que representa un 1% del parque total de viviendas, cuando en los países de nuestro entorno supera el 18 %. La ILP también pide el acceso gratuito a los servicios básicos de agua, luz y electricidad en los hogares vulnerables y exige un protocolo que informe y movilice a los servicios sociales antes de efectuar los cortes. Unos 320.000 hogares catalanes sufren la llamada pobreza energética.
La ILP por la vivienda y contra la pobreza energética está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), y ya ha recibido los apoyos de Òmnium Cultural y de los sindicatos CGT, CC. OO., IAC, COBAS y COS. La situación es de emergencia social, teniendo en cuenta que el paro en Catalunya es del 19 %, con más del 60 % de parados de larga duración, con 220.700 hogares con todos sus miembros en paro, de los cuales 106.700 no reciben ningún ingreso.
Carme Forcadell, con el pujolísimo “Avui, això no toca”, reusó hablar de hojas de ruta y de las movilizaciones que se están preparando para el próximo 11 de septiembre y la preparación de las elecciones anticipadas del día 27 del mes citado. Entonces, ¿se habla sobre cuestiones sociales en las asambleas de la ANC?
Forcadell: Nosotros como Assemblea siempre hemos defendido que trabajamos por un país mejor y no entendemos el avance nacional sin el avance social. Nosotros queremos avanzar nacionalmente porque la actual situación nos impide conseguir avances sociales. Creemos que la mayoría de los partidos soberanistas son sensibles a estos temas, por ello les pedimos que den un paso adelante y ya ahora, cuando estamos construyendo estructuras de Estado, que demostremos que estas estructuras de Estado sirven para favorecer el bienestar de los ciudadanos. Todos queremos un país más justo, socialmente hablando, queremos una república catalana que trabaje por el beneficio de todos y no de unos cuantos
Carlos Macías, de la PAH nos contó: “el motivo de esta ILP es porque Catalunya lidera el ranquin de la vergüenza, lidera el ranquin de los desahucios y de las ejecuciones hipotecarias. En el contexto en el que se está planteando la redefinición de Catalunya como país, no podemos dejar de abordar los problemas diarios con excusas competenciales o condicionando, o aplazando las reivindicaciones, hasta tener un Estado propio. Hace un mes empezamos a recoger firmas para llevar a cabo algunas medidas urgentes en cuestiones de vivienda y pobreza energética, y podemos decir que Catalunya y su Parlament tienen las competencias necesarias para poner en marcha esta iniciativa popular. Se podría, si se aprobará esta ILP hoy mismo, terminar con los desahucios de hipotecas y alquileres, y se terminarían los endeudamientos de por vida. El Parlament de Catalunya y la Generalitat tienen competencias para empezar a liderar el ranquin de la conquista de derechos y contra el empobrecimiento de la ciudadanía. Los servicios jurídicos del Parlament conocen el texto de esta ILP, como la Mesa del Parlament, y nos dicen que sí hay competencias para llevarla a cabo, también tenemos informes favorables del Colegio de Abogados de Barcelona.
¿La Generalitat tiene plenas competencias para llevar a cabo los puntos que proponéis en la ILP?
Macías: “Tienen competencia y recursos, más de 400.000 pisos vacíos (la mayoría en pocas manos y con fines especulativos) que se podrían recuperar, la vivienda social no llega a los mínimos aceptables. Solo falta la voluntad política, deben decidir si mantienen los privilegios de unos pocos, de las entidades financieras y las suministradoras, en detrimento del derecho a la vivienda de la ciudadanía”.
¿Habéis tenido reuniones con todos los partidos, con los no soberanistas también?
Macías: “Tuvimos reuniones con todos los partidos parlamentarios y ahora comenzaremos una segunda rueda de contactos. Todos nos dijeron que nos darían apoyo, menos el PP, que no nos recibió y CiU, que no dijo ni sí, ni no. De momento, como hace poco que hemos comenzado la campaña de adhesiones, priorizamos a la sociedad civil organizada. No, de momento no hemos tenido contactos con organizaciones unionistas, pero esto no quiere decir que si hay un interés lo hagamos, y ver que nos proponen”.
María Campuzano representaba en el acto a la Alianza contra la Pobreza Energética: “En Catalunya, derechos que se recogen en el Estatut, como el de la vivienda y los suministros básicos, no están garantizados. En Catalunya hoy en día, aunque se nos quiere convencer de lo contrario, no hay ninguna medida efectiva para luchar contra la pobreza energética. Los precios de los suministros básicos no paran de subir. En los últimos diez años, agua y energía, han incrementado su precio en un 60 %. Si pensamos nada más que en electricidad, estamos pagando un 83 % más que hace diez años; tenemos la energía un 30 % más cara de toda Europa. Todo esto cuando las rentas de las familias no paran de bajar. El problema es que la gestión de estos servicios básicos están privatizados, en el Estado español funcionan como un oligopolio, pero en Catalunya aún es peor, ya que lo hacen como un monopolio. Se cortan los suministros por falta de pago de forma discriminada, sin saber si en esa casa hay niños, ancianos o enfermos. Estamos hablando de dos millones de cortes de suministros al año en todo el Estado español. Por ejemplo, sólo las energéticas, desde la crisis, han obtenido 21.600.000 de euros de beneficio. El gobierno catalán ha sido incapaz de impulsar ni una sola medida eficaz. Hace un año y nueve meses que se aprobó la resolución en el Parlament donde se hablaba de la pobreza energética y todavía no tenemos nada sobre la mesa. Se presentó una modificación del decreto ley de consumo que fue un fracaso, porque aplazaba pagos pero endeudaba aún más a las familias, además de que el Tribunal Constitucional terminó por suspenderlo. Se plantearon unos plazos que no se están cumpliendo, como tampoco muchas de las medidas prometidas, algunas tan fáciles de cumplir como el que las cartas donde se anuncie en corte de suministros lleven información sobre las medidas a las que se podrían acoger las familias.
Vanessa Valiñoes directora del DESC: “La ILP pide una segunda oportunidad para las familias que se vieron obligadas a sobreendeudarse para tener acceso a una vivienda. Esto se llama la dación en pago, pero para adaptar esta figura a las competencias de la Generalitat, se convierte en una ley de segunda oportunidad. Esta ley la tienen la mayoría de países de nuestro entorno. Significa que aquellas personas que, de buena fe, se han sobreendeudado, pasado un tiempo y habiendo dedicado una parte importante de sus ingresos a pagar la deuda, tengan la posibilidad de ser sujetos de créditos y comenzar una nueva vida sin la carga de que se les considere como morosos para el resto de sus vidas. Sobre parar los desahucios, hay una figura jurídica que puede interceder entre la familia y la entidad financiera para que la familia pague según su capacidad económica. Ahora, en Catalunya, el 60 % de los desahucios son por impagos de alquiler, y la ILP plantea estas medidas cuando detrás hay grandes propietarios, bancos, promotores inmobiliarios y fondos buitre o prestamista, pero tenemos claro que un pequeño propietario no debe pagar las culpas de una crisis que ellos no han creado, en este caso, el de las personas físicas o pequeños propietarios, lo que deben garantizar las instituciones (la Generalitat) es un realojamiento, no podemos dejar a familias sin techo, ya que esto iría en contra de todos los tratados internacionales y los más elementales derechos humanos, por no hablar del derecho a la vivienda recogido en el Estatut y la Constitución española”.
