Trescientos años después de la cesión de Gibraltar a la corona británica y en un verano marcado por el Caso Bárcenas, la cuestión del Peñón ha reaparecido para agitar un poco más el panorama político. La decisión del gobierno gibraltareño de crear una escollera artificial con más de 70 bloques de hormigón en aguas de la bahía de Algeciras, que impedirá el marisqueo y la pesca de la flota de Algeciras y La Línea de la Concepción en la zona, ha desencadenado un nuevo conflicto en torno a una disputa sobre una cuestión de soberanía sin resolver.
El gobierno de Mariano Rajoy decidió a finales de este pasado mes de julio liquidar la diplomacia del «recreo», llamada así por el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, y reimplantar los controles fronterizos en la frontera del Peñón, territorio británico fuera del espacio común de la Unión Europea. El gobierno español informó entonces de una serie de medidas a estudiar para presionar al Reino Unido como la imposición de una tasa de frontera de 50 euros -considerada ilegal por la Unión Europea-, la investigación de la situación fiscal de unos 7.000 gibraltareños dueños de propiedades en España, el cierre del espacio aéreo español a los vuelos que se dirijan a Gibraltar y el sometimiento del sector del juego a la jurisdicción fiscal española. Una vuelta de tuerca a unas relaciones siempre complejas y marcadas por la disparidad de actuaciones, criterios y opiniones en los dos estados y en el arco político español.
Por el momento, Bruselas mediará entre el Estado español y el Reino Unido por Gibraltar, pero aún se desconocen los plazos en que se llevará cabo esa intercesión, si servirá para rebajar la tensión, y hasta qué punto servirá para rebajar la tensión entre los dos países. La misión de la UE, pactada por Rajoy y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barros, será enviada «tan pronto como sea posible» al Peñón «para examinar las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera». Esta misión parece responder a los requerimientos españoles sobre el litigio, así la Unión Europea asumiría el papel de árbitro para solucionar el conflicto entre los dos estados que se someterían a una comisión de verificación, sin renunciar a posibles actuaciones. Unas medidas que, según la versión oficial del gobierno español, se extenderían a la situación global del Peñón y no se limitarían cómo demandaba el gobierno británico únicamente a los controles fronterizos.
Gibraltar, un Peñón con historia
Desde 1967, la ONU ha dictado varias resoluciones instando a Gran Bretaña a negociar la descolonización del Peñón de Gibraltar. Londres ha negado cualquier cambio de la situación y se ha aplicado a una política de hechos consumados. Ha ocupado el istmo, para extender el puerto y el aeropuerto, ha ampliado unilateralmente las aguas jurisdiccionales y Gibraltar se ha convertido en un paraíso fiscal en territorio europeo. El gobierno español insiste en que la una de las misiones de la comisión de verificación de la Unión Europea sea la de “verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”. Una misión que, por lo visto y oído en los últimos tiempos, debería extenderse a otros fondeaderos de dinero negro, como Andorra, Suiza o Luxemburgo.
Ante este escenario en que se mezclan intereses económicos y sentimientos de todo tipo, la oposición se muestra tibia y anda con pies de plomo. Fuera de los partidos nacionalistas o soberanistas, que oscilan entre el silencio y las muestras de apoyo y solidaridad al gobierno gibraltareño -algo que exaspera a la prensa de derechas y “ultra” que jalea cada una de las declaraciones del gobierno Rajoy-, el PSOE ha aprovechado las informaciones que relacionan al ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, con una petrolera ligada a la práctica del bunkering -el trasvase de combustible de un barco a otro-, práctica prohibida ya en las aguas que rodean Gibraltar y que tiene un elevado impacto en el medio marino. El ministro se desvinculó de la empresa, que preside su cuñado, en 2011, pero los socialistas han registrado en el Congreso una petición de comparecencia para Cañete, y que explique de esta manera sus lazos con empresas dedicadas a la venta de combustible. El PSOE también pidió al inicio de la crisis abrir una vía de díálogo con la recuperación del foro tripartito eliminado por el gobierno Rajoy, y no perjudicar con “bravuconadas” los intereses de los trabajadores españoles. Por su parte, Izquierda Unida pidió al Ejecutivo que “lleve sus reclamaciones a los tribunales internacionales y al marco Europeo con el objetivo de frenar de una vez por todas estos conflictos”. Para IU, el Gobierno debe evitar tomar medidas que “ineficaces para resolver conflictos, y que perjudican a la población trabajadora y sirven para dar argumentos a quienes desde el Reino Unido presentan a España como un Estado agresor”. En este sentido, el portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, advirtió que los populares deben adoptar medidas contra los paraísos fiscales de manera general, «con sus posibles repercusiones en Gibraltar», y recordó que en el Peñón existen más de 60.000 sociedades mercantiles, el doble de sus 30.000 habitantes, «muchas de las cuales actúan en la Costa del Sol como instrumento para ocultar actuaciones ilegales de blanqueo de capital y evasión fiscal». Izquierda Unida reclamó al gobierno de Mariano Rajoy y al Partido Popular que no utilice “fórmulas franquistas» para desviar la atención de los problemas internos de España recuperando el grito de Gibraltar Español”.
Entretanto la Unión Europea decide cuándo enviará la anunciada comisión de verificación, sigue el contencioso, a la llegada de la Royal Navy para unos ejercicios militares previstos tiempo atrás, el gobierno gibraltareño planea una segunda extensión territorial con la construcción de espigones de 50 metros en la cara oriental del Peñón, una extensión de casinos y hoteles para la Costa del Sol. España, mientras, anuncia el endurecimiento de las sanciones para la práctica del bunkering, demanda la retirada del arrecife artificial y la tasa de entrada de 50 euros, reclamada también por la industria hotelera del Pirineu de Lleida para Andorra, se convierte en una tasa de congestión por los perjuicios ocasionados por el tráfico del Peñón en La Línea, una tasa reclamada ya por el ayuntamiento de esta localidad desde el 2011.
