La inmobiliaria Rentaz ha estafado un mínimo de 200.000 euros en concepto de honorarios a las inquilinas de 400 viviendas propiedad del mismo gran tenedor, la familia Monleón-Pagès. Un total de 200 inquilinas de unas treinta fincas de esta propiedad, junto con el Sindicat de Llogateres, se han dirigido el martes por la mañana a la sede de la inmobiliaria, que gestiona todas estas viviendas, para exigir la devolución de los 200.000 euros y reclamar que cumplan con su obligación de mantener las fincas en buen estado. Las vecinas han entregado una carta firmada por más de 200 inquilinas donde piden una mesa de negociación colectiva. La inmobiliaria no les ha abierto la puerta, así que esta misma mañana han enviado la carta y las firmas tanto a Rentaz como a la familia Monleón-Pagès a través de un burofax.
Las vecinas están muy indignadas porque encima de descubrir que han sido estafadas, Rentaz no cumple con su función y responsabilidad e ignora sistemáticamente las demandas de los inquilinos de reparar y mantener las fincas que en su mayoría, sufren un grave deterioro que afecta directamente al interior de las viviendas. Grietas, agujeros, fugas de gas, desprendimientos de fachada, son solo algunos de los agravios que ponen en peligro la salud de los hogares inquilinos.
La situación de los inquilinos de la familia Monleón-Pagés no es aislada. A pesar de que la LAU establece que los arrendadores con personalidad jurídica siempre se tienen que hacer cargo de los honorarios de las inmobiliarias relacionados con la gestión de los contratos de alquiler, son frecuentes los casos donde obligan los inquilinos a pagarlos para renovar contratos o acceder a una vivienda. Buscan subterfugios en la ley para esquivar sus obligaciones económicas.
Los honorarios: la gran estafa de las inquilinas
Los honorarios que cobran las inmobiliarias se calculan en base al 10% de la anualidad de la renta más el 21% del IVA, es decir, 1500€ de media en una ciudad como Barcelona, una cantidad desorbitada que los inquilinos a menudo se ven obligados a pagar al firmar un contrato por un servicio que las inmobiliarias prestan al arrendador.
Estos gastos son los que cobran las inmobiliarias por asumir la gestión, comercialización y representar y asumir las funciones de los arrendadores durante la vigencia de los arrendamientos. La realidad es que durante todo el proceso de arrendamiento de una vivienda, la agencia inmobiliaria actúa como representante de los intereses del arrendador y no como un intermediario neutral entre dos partes. Son insignificantes los casos en que el inquilino contrata el servicio de una agencia inmobiliaria para encontrar vivienda y normalmente invierte una gran cantidad de tiempo en la búsqueda de piso a través de grandes portales inmobiliarios. Dicho de otro modo, los honorarios son el precio de un servicio que ofrece la inmobiliaria al arrendador y por eso hay que prohibir que sea repercutido sobre los inquilinos, independientemente de si el arrendador es una persona física o jurídica.
La Ley Vivienda puede acabar con el cobro de honorarios a los inquilinos o dejar la puerta abierta a fraudes de ley
En el marco de las negociaciones de la Ley Vivienda, ya se reconoce y contempla que los honorarios son un gasto que no se tiene que repercutir sobre los inquilinos, independientemente de si el arrendador es una persona física o jurídica. El punto de discordia está en el hecho de que la ley contempla la posibilidad en que el inquilino pague los honorarios si es quien contrata el servicio. Así, las agencias podrían continuar esquivando la prohibición de cobrarlos haciendo uso otros conceptos o simplemente aprovechándose del desconocimiento del inquilino o de su necesidad para acceder a la vivienda.
Por lo tanto, desde el Sindicat de Llogateres y las organizaciones inquilinas del Estado, exigimos que la nueva ley exprese de forma nítida que los arrendadores se tienen que hacer cargo de los honorarios en todos los casos (y cualquier gasto de gestión relacionada con la firma de los contratos), en tanto que es un servicio que contrata y necesita la propiedad. Es la única manera de garantizar que en ningún caso las agencias y los intermediarios puedan saltarse la ley, repercutir estos gastos sobre los inquilinos y asfixiar económicamente todavía más a quienes viven de alquiler.
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