El pacto de Ley de Vivienda anunciado por PSOE, ERC y EH Bildu incorpora algún avance, pero en líneas generales propone una regulación de los alquileres que es una farsa. Lejos de bajar los precios, la imprecisión de la propuesta permitiría todo lo contrario, es decir, que los precios siguieran aumentando a un ritmo elevado y asfixiando a la población. Es imprescindible corregir estos agujeros para que la Ley contenga una regulación de precios de verdad.
El borrador pactado permitiría subir el alquiler de forma sustancial, incluso en las viviendas situadas en áreas tensionadas:
Primero, se podría esquivar la regulación muy fácilmente. Se anuncia que el precio del nuevo contrato no puede superar al del anterior, pero la realidad es que es muy fácil esquivar la norma. Tal y como está planteada, se podría subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI. También sería muy fácil ocultar información sobre el precio y las condiciones del contrato anterior.
Así, con esta propuesta se crearía un incentivo peligroso: expulsar al inquilino actual para poder subir el precio sin límite a un nuevo inquilino, que tendrá muy difícil comprobar cuál era el precio del anterior contrato y si incluía gastos adicionales o no.
Segundo, también se podría subir el precio un 10% adicional alegando reformas. En el caso de un alquiler medio en Barcelona o Madrid, cualquier cambio presentado como una mejora de la accesibilidad, por pequeña que sea, como una rampa o un video-interfono, implicaría una subida adicional de 1.300€ anuales.
Tercero, a todo esto también se podrían añadir las subidas interanuales vinculadas a la inflación. Entre 2023 y 2024 habría limitaciones, pero se podrían hacer subidas paulatinas, y se deja la puerta abierta a que dentro de dos años puedan volver a hacerse subidas totalmente desproporcionadas vinculadas al IPC.
Cuarto, con esta ley, los caseros podrían hacer subidas sin ningún tipo de límite recurriendo a la figura del alquiler de temporada. Dicho de otro modo: el casero que quiera saltarse la regulación solo tiene que poner su piso en alquiler de temporada, como ya está pasando ahora mismo.
Además, las medidas propuestas no serían efectivas sin un régimen sancionador y un reconocimiento de los Sindicatos, aparte de que no son ninguna solución para los miles de personas que esperan un desahucio.
El único punto realmente positivo del acuerdo es que acaba con la estafa millonaria que permite a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por un servicio que dan a los caseros, algo que los sindicatos llevamos batallando desde hace años.
Sin embargo, la regulación de precios anunciada no es la que la inmensa mayoría de la población está pidiendo, sobre todo cuando 3 de cada 4 ciudadanos están a favor de la regulación. Es necesario que los partidos políticos de gobierno y de la oposición escuchen: aún hay tiempo para corregir los fallos y hacer una regulación efectiva de los alquileres.
Protegim el dret a l'habitatge. Millorem la vida de la gent. Ajuda'ns a seguir canviant les coses i suma-t'hi.
