El Parlament votará este viernes una resolución pactada por CiU, ERC, el PSC e Iniciativa, y a la que se ha sumado en el último momento la CUP, en la que se pide diálogo al Gobierno central y a las instituciones del Estado, dejando la tercera vía en blanco. La propuesta no incluye referencias claras a una consulta de autodeterminación. Esta se mantiene en el horizonte de 2014, pero rebaja el nivel de exigencia respecto a otras resoluciones votadas por el Parlament, con la intención de sumar apoyos a un proceso visto como imposible jurídicamente desde Madrid y sobre el que, ni el Gobierno central, ni los partidos mayoritarios, apenas han realizado iniciativas concretas.
La resolución marca la necesidad de que «se establezca un diálogo con instituciones del Estado español para acordar las condiciones legales» para que el pueblo catalán pueda ejercer su “derecho a decidir”. El documento sigue el guion marcado por el manifiesto del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, elaborado por el expresidente del Parlament, Joan Rigol, que defiende el ejercicio del derecho a decidir de Cataluña. La propuesta de resolución, acordada durante el debate de política general del Parlament, solicita un diálogo urgente con el Estado para lograr que los catalanes decidan sobre la «institucionalización política» de Cataluña y vincula esta figura a la «mejora de la condición de vida individual y colectiva».
El documento cuenta con el apoyo de los socialistas en un paso político de cierta magnitud tras los choques internos vividos en el PSC sobre la cuestión de la autodeterminación de Cataluña. Un apoyo que no se extenderá a su integración en el Pacto Nacional, pero que representa el reconocimiento de que parte importante de la sociedad catalana quiere un cambio político e institucional de peso. La propuesta de resolución alcanzada en el Parlament, que cuenta con apenas una página, no menciona la «consulta», reclama el «ejercicio del derecho a decidir», y un diálogo urgente “con las instituciones del Estado para acordar las condiciones legales para ejercerlo». El texto indica igualmente que el ejercicio de la autodeterminación debe significar también la voluntad de un país de acceder a un alto nivel educativo y de cultura personal y colectiva, en la defensa del catalán. En definitiva, que Cataluña es una «comunidad humana que integra, respeta y apoya las diversas aportaciones culturales y el pluralismo lingüístico».
Tercera vía no es nada
Un acuerdo de mínimos y sostenido en eufemismos y sobreentendidos que augura un otoño agitado marcado por la aparición de una tercera vía que, para Convergència y ERC no es nada, para Unió, un dique para evitar choques y mantener su acceso al poder, y para el resto de partidos dependerá de lo que vayan avanzando las encuestas sobre el desplazamiento de la sociedad catalana hacia posiciones más o menos soberanistas. Un debate que esperemos que trate a los ciudadanos como adultos y no como extras de una voluntad nacional interpretada desde despachos y tertulias.
Pero el resultado de este debate de política general en el Parlament incluye otra propuesta, esta vez sólo de CiU y ERC, que va más lejos y que incluye negociar una iniciativa conjunta de los grupos catalanes para pedir la consulta en el Congreso de los Diputados. La propuesta de resolución confía en que el diálogo y la negociación «servirán para que el Gobierno del Estado acomode los marcos legales existentes para ejercer el derecho a decidir», de manera que insta al presidente de la Generalitat «a anunciar, previo diálogo con todas las fuerzas política que amparan el derecho a decidir y buscando el máximo consenso posible, la fecha de la consulta y la pregunta, bajo el amparo de la legalidad». Un punto que deja en evidencia que, tras el griterío de la derecha y la prensa cortesana sobre la ilegalidad de cualquier consulta, y la suma de los avisos de la Unión Europea sobre las consecuencias políticas y económicas de la independencia, la consulta debería ser pactada para evitar conflictos.
Unos choques políticos que, según se escucha a PP y Ciutadans, se encuentran a la vuelta de la esquina en un escenario propicio al frentismo. El PP catalán sigue en su línea, entiende que las reclamaciones catalanas son una cuestión de dinero y se pueden resolver con un nuevo modelo de financiación. Los populares, en un esfuerzo de contención, llaman a la Generalitat a «adoptar el compromiso para superar las diferencias y los dogmas partidistas, para analizar y poner en común todo aquello que forma parte de la relación histórica y sentimental de Cataluña y España, valorando los aspectos positivos e impulsando la modificación de aquellos otros aspectos que puedan ser mejorados». Unas palabras tan tópicas que apenas mantienen un significado y que suscriben expresidentes del Gobierno y tertulianos de la Corte.
